El decreto 1.293 que se publica este viernes en el Boletín
Oficial extiende por tres años la emergencia social en los términos de la ley
27.200 sancionada en octubre de 2015, con el objeto de "promover y
defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en
la economía popular, en todo el territorio nacional".
En su enunciado, la ley busca "garantizarles
alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, cobertura médica,
transporte y esparcimiento, vacaciones y protección previsional" a los
trabajadores de la economía popular.
La norma promulgada con las firmas del presidente Mauricio
Macri, el jefe de gabinete Marcos Peña y la ministra de Desarrollo Social
Carolina Stanley, establece la creación del Consejo de la Economía Popular y el
Salario Social Complementario (Cepssc), en la órbita de la cartera social, como
"ámbito institucional permanente" para determinar los lineamientos a
seguir en el cumplimiento de los objetivos de la ley.
Además, la ley crea el Registro Nacional de la Economía
Popular para posibilitar "la inscripción de los trabajadores de la
Economía Popular que serán alcanzados por los beneficios del Registro" y
determina que "los actuales programas sociales nacionales se articularán
con la intervención del Cepssc, promoviendo su progresiva transformación en
Salario Social Complementario".
Para cumplir con estos objetivos, la norma faculta a la
jefatura de gabinete a efectuar "las reestructuraciones presupuestarias
que fueren necesarias" para proveer fondos hasta 25.000 millones de pesos
para su implementación, con la posibilidad de ampliar a 5.000 millones más
dichas reasignaciones.
