Una asociación civil denunció al presidente de la Nación, Mauricio Macri, a su Gabinete, y a senadores y diputados nacionales que puedan haber tenido "autoría o participación” en la negociación del pago de la deuda con los fondos buitre, en una investigación que quedó a cargo del juez federal Sebastián Casanello.
La denuncia fue presentada por los abogados Arístides Corti, Eduardo Barcesat y Jorge Cholvis en representación del instituto "Arturo Sampay” por los supuestos delitos de "traición con sometimiento, defraudación por administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público", informaron fuentes judiciales.
Casanello recibirá la denuncia y luego tendrá que decidir si convoca a los abogados a ratificarla y luego da vista a la fiscalía para que determine si corresponde o no impulsarla. La presentación fue hecha en los tribunales federales de Comodoro Py, del barrio porteño de Retiro, y los abogados fueron acompañados por manifestantes que esperaron en el ingreso y aplaudieron cuando se concretó, entre ellos la ex ministra de Economía del gobierno kirchnerista Felisa Miceli.
La denuncia se hizo contra Macri, su Gabinete y los legisladores y la negociación con los fondos buitre fue calificada como "delictiva”. Los denunciantes pidieron a Casanello que dicte una medida cautelar para frenar el pago hasta que haya "sentencia definitiva” en la causa.
Un estudio adjuntado a la denuncia advirtió que si se concreta el pago en los términos acordados el país se endeudaría en 384 mil millones de dólares, considerando eventuales demandas de bonistas.
El fiscal Delgado, impulsó una investigación
Producida la denuncia de los abogados Corti, Barcesat y Cholvis, el fiscal federal Federico Delgado impulsó hoy mismo una investigación contra los principales funcionarios del gobierno nacional por el acuerdo con los holdouts por la deuda en default.
"Toca opinar sobre una cuestión sensible en estos días: los arreglos institucionales y los efectos jurídicos del acuerdo con los holdouts. Es una cuestión sensible, pero no nueva para la fiscalía que interviene en todos los eslabones que se han transformado en causas judiciales derivadas del endeudamiento externo desde 1976", argumentó Delgado al inicio del requerimiento.
El fiscal dictaminó a favor de investigar una denuncia presentada ayer por los abogados Eduardo Barcesat, Horacio Corti y Jorge Cholvis y pidió medidas de prueba al juez federal Sebastián Casanello, informaron fuentes judiciales.
Entre los fundamentos de Delgado para impulsar la investigación se encuentra la historia reciente argentina en el marco de la deuda externa: "La experiencia de la fiscalía es bastante frustrante. Las causas que giran en derredor de la deuda externa en general no avanzan. No es el momento de explicar porqué. Aún con esos límites, sabemos que la cuestión de la deuda es un drama ontológico del Estado argentino. Según las causas judiciales, desde Martínez de Hoz, el Plan Brady o el Megacanje, la deuda se toma para encarar el desarrollo económico. Pero luego vira y toma otro camino: financiar la fuga de capitales. En medio de ese viraje se produjeron siempre graves delitos. Frente a este nuevo capítulo de la deuda, la disyuntiva es la misma pero no podemos hacer nada al respecto".
Entre otras medidas, la fiscalía pidió al juez que requiera los documentos que hayan estado "directa o indirectamente" relacionados a la negociación con los holdouts en la Justicia estadounidense o cualquier otra instancia judicial que se haya abierto al respecto en el mundo.
Delgado consideró que "hay elementos para impulsar la pesquisa". Y pidió a Casanello que "con la premura del caso" libre "una orden de presentación dirigida al Señor Jefe de Ministros de la Nación, para que de inmediato ponga a disposición todos y cada uno de los documentos en cualquier soporte, que directa o indirectamente vinculados a la cuestión de los 'fondos buitre', ya sea en el marco de las causas que sustancian en Nueva York o en otros tribunales arbitrales, administrativos y/o judiciales del mundo", según el dictamen.
Y además requirió que se encomiende "también en un plazo perentorio a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y a la Universidad Torcuato Di Tella que designen un experto por lado, para que analicen las políticas públicas señaladas a la luz de las previsiones contenidas en el artículo 65 de la ley 24.154".
Ahora Casanello resolverá si ordena estas medidas de prueba.