"No es un índice de emergencia, sino uno que asegura la
calidad requerida", dijo Fernando Cerro, a comienzos de abril cuando
reemplazo a Graciela Bevacqua, desplazada del organismo por diferencias en los
tiempos y la forma de elaboración de las estadísticas de inflación.
El renovado índice de precios cubrirá la Ciudad de Buenos
Aires y los 24 partidos del conurbano bonaerense, lo que implica una
representatividad del 44% del gasto de los argentinos.
El cálculo estará basado en la Encuesta de Gasto de Hogares
(Engho) 2004 y 2005, ya que los técnicos de la Dirección de Precios no confían
en la Engho que se realizó en 2013.
El IPC relevará además, según explicó Cerro, 520 variedades
de productos y -lo más importante- volverán a difundirse los precios promedio.
Estos habían sido dejado de informar por la intervención que a comienzos del
2007 impuso el Secretario de Comercio, Guillermo Moreno.
Sin embargo, no habrá información sobre el
"acumulado" en lo que va del año, o con respecto a mayo del año
pasado, debido a que el primer cotejo será el de mayo contra abril pasado.
Según consultoras privadas, la inflación acumulada de los
doce últimos meses ronda el 40%.
Con la difusión del Índice se dará otro paso para terminar
con más de nueve años de manipulación de las estadísticas, hecho que se
formalizó el 6 de febrero del 2007 con el Decreto 100 con el desplazamiento de
la entonces Directora de Precios, Graciela Bevaqua e imponía a Beatriz Paglieri
como interventora del Instituto.
En realidad, ese fue el punto máximo de un proceso que había
comenzado un año antes, cuando la inflación trepaba por sobre la barrera del
10% anual y el Gobierno de Néstor Kirchner en lugar de atacar las causas de esa
suba de precios, modificó la forma de medición.
Esta decisión de modificar los datos se extendería con el
correr de los años, a la medición de la actividad Industrial, la Balanza
Comercial, o la confección del Índice de Pobreza, el cual se dejó directamente
de difundir a finales del 2013, y ahora se retomará en septiembre.
Pero en el 2006, y de la mano de la flamante ministra de
Economía, Felisa Micelli, de la cual dependía formalmente el Indec, primero se
modificó algunos componentes del IPC para reflejar una menor suba de precios,
por ejemplo, sacando los gastos de salud de las prepagas y reemplazándolos por
el sistema de copagos, en el que se pagaba un monto mínimo, y cada vez que se
iba a hacer una consulta, y el cual nunca funcionó.
También ese 2006, ya con Roberto Lavagna fuera del
Ministerio de Economía, Moreno buscó tener acceso a los datos protegidos por el
secreto estadístico, para saber cuáles son los comercios que se relevan para
hacer el Índice, y así "modificarlo" de raíz.
Pero en enero del 2007, año de elecciones presidenciales, la
inflación ya trepaba al 2,1% en las primeras semanas, y el Gobierno dispuso la
intervención del organismo y desplazar a quienes realizaban el trabajo.
Los precios de los acuerdos firmados durante 2006 comenzaron
a tener más peso en las ponderaciones que los relevados en el mercado por los
encuestadores y así el 5 de febrero de 2007 nació el primer índice de inflación
de la Intervención.
En un primer momento, el Gobierno de Néstor Kirchner
justificó la intervención del Indec como una forma de disminuir el peso de los
bonos que se ajustaban por la inflación.
La justicia tomó cartas en el asunto a partir de una
investigación del entonces Fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel
Garrido, quien dictamino que hubo "grandes irregularidades". Su
dictamen fue tomado por el fiscal Carlos Stornelli, quien pidió medidas al juez
Rodolfo Canicoba Corral.
Tanto Guillermo Moreno como Beatriz Paglieri destacaron ante
Tribunales que la intervención se dispuso por las supuestas
"desprolijidades" en algunos de los procesos de relevamiento de
información y en las áreas de cobertura que tenía el viejo índice de precios.
Luego de nueve años, la causa sigue sin definición, y ahora
es el tiempo de un nuevo Índice de Precios al Consumidor.
Fuente: Télam
