Además se modificó la limitación del máximo
de 1000 hectáreas que un titular extranjero podía adquirir en una localidad de
la zona núcleo de la producción agropecuaria --delimitada en el norte
bonaerense, el sudeste de Córdoba y el sur de Santa Fe-- o su equivalente en
varias localidades. Pero el Gobierno nacional ordenó a las provincias que en 30
días redefinan esas "equivalencias" y en caso de que no lo hagan, la
tarea quedará a cargo de un Consejo Interministerial de Tierras Rurales.
El decreto, que lleva las firmas de Macri; el
jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el
ministro del Interior, Rogelio Frigerio, precisa que el consejo estará
integrado por los ministros de Justicia, Agroindustria, Interior, Ambiente y
Defensa, mientras que cada provincia estará representada por los respectivos
ministros de Agricultura de cada distrito.
Por otro lado, el Gobierno definió también
que no habrá restricciones para aquellas tierras que se encuentren en
"Zona Industrial", "Área Industrial" o "Parque
Industrial", por lo que "dicha superficie no será computada a los
fines de los límites fijados" en la Ley de Tierras Rurales.
En la normativa votada por el Congreso en
2011, las zonas industriales tenían un límite del 15 por ciento del territorio
nacional, provincial o municipal; e indicaba que "en ningún caso"
personas físicas o jurídicas "de una misma nacionalidad extranjera, podrán
superar el treinta por ciento (30) del porcentual asignado a la titularidad o
posesión extranjera sobre tierras rurales".
Tras la difusión del decreto, el
subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia de la Nación,
Martín Borrelli, defendió la decisión y sostuvo que "busca facilitar la
llegada de inversiones productivas de capital extranjero en todo el país a
través de la regulación de situaciones que no habían sido contempladas en el
decreto 274 del 2012".
En ese sentido, confirmó que "se pondrá
bajo estudio de la Nación y de las provincias el sistema de equivalencias
actualmente vigente ya que no responde a la realidad del comercio de tierras
rurales en nuestro país ni a las necesidades de expansión del negocio
agroindustrial de las provincias".
El nuevo decreto de Macri recibió el respaldo
de la Cámara de Inmobiliarias Rurales (CAIR) por considerar que facilitará la
llegada de inversiones productivas de capital extranjero especialmente en la
explotación de commodities como trigo, maíz, soja y girasol. "Era necesario que
se flexibilizase”, consideró el presidente de la CAIR, Javier Christensen, y
consideró que "será necesario hacer más cambios”.