ONG pide suspender la audiencia pública por el precio del gas

Según anticipó el canal de noticia C5N, el CEPIS, que logró un falló a favor contra la suba de tarifas, solicitó al juez Alberto Recondo que impida la audiencia del pr{oximo viernes en La Usina del Arte hasta que no se conozca en detalle los costos de las empresas concesionarias. 

La presentación del Centro ante el juzgado federal de La Plata N° 4 advirtió que el Poder Ejecutivo "incumple" la sentencia ocultando la información del precio del gas y piden que se suspenda hasta que el Gobierno no informe a qué valor se incrementará. Conocer esa información permitiría identificar el costo real de las empresas prestadoras del servicio público y si es justificado un aumento de hasta 235% para los usuarios residenciales, como prometieron desde el Ministerio de Energía.

"El Gobierno incumple el fallo de la Corte Suprema que ordena dar a conocer el costo de producción, generación y trasporte, diferenciado por empresas y por cuencas de producción", sostiene el escrito de la ONG.

En agosto pasado, CEPIS logró que el máximo tribunal acepte una acción de amparo, que ratificó la nulidad de las Resoluciones 28/16 y 31/16 de Juan José Aranguren, y ordenó retrotraer las tarifas al 31 de marzo pasado hasta que el Ejecutivo realice la audiencia pública, prevista por ley. la entidad exigía que el Estado abra la "discusión con la ciudadanía" para determinar "los fundamentos sobre el real valor de los servicios públicos, a fin de que el pueblo pague tarifas justas y razonables". 

Sin embargo, la semana pasada el ministro Aranguren dijo a las asociaciones de consumidores que no considera que el Gobierno tenga la obligación de mostrar cómo se forma el precio del gas en boca de pozo y confirmó que no entregará esos datos. "Hagan juicio si quieren", los exhortó el exCEO de Shell, durante un breve encuentro cara a cara en el Palacio de Hacienda.

El 18 de agosto pasado, CEPIS logró que el máximo tribunal acepte una acción de amparo, que ratificó la nulidad de las Resoluciones 28/16 y 31/16 de Juan José Aranguren, y ordenó retrotraer las tarifas al 31 de marzo pasado hasta que el Ejecutivo realice la audiencia pública, prevista por ley. La entidad sin fines de lucro exigía que el Estado abra la "discusión con la ciudadanía" para determinar "los fundamentos sobre el real valor de los servicios públicos, a fin de que el pueblo pague tarifas justas y razonables". 

Sin embargo, la semana pasada el ministro Aranguren dijo a las asociaciones de consumidores que no considera que el Gobierno tenga la obligación de mostrar cómo se forma el precio del gas en boca de pozo y confirmó que no entregará esos datos. "Hagan juicio si quieren", los exhortó el exCEO de Shell.