"Vamos a estar estableciendo el cuadro tarifario
consecuencia de esta audiencia pública los primeros días de octubre y,
obviamente, antes de hacerlo vamos a estar comunicando a todos los medios de
prensa las motivaciones de cada uno de los cambios que implementemos”, destacó
Aranguren durante una conferencia de prensa, al término de la tercera jornada
de Audiencia desarrollada en la Usina del Arte, en el porteño barrio de La
Boca.
Aranguren cumplió este domingo el mandato de la Corte al
finalizar la Audiencia Pública nacional sobre el aumento de la tarifa de gas y,
tras analizar las exposiciones que se desplegaron en tres jornadas, dará a
conocer en los primeros días de octubre el nuevo cuadro tarifario para el
consumo de gas.
El ministro, que estuvo presente durante la audiencia
pública nacional durante las tres jornadas (viernes, sábado y domingo), destacó
que "con lo que acá hemos escuchado, tenemos la obligación de producir un
informe, para que se reflejen todas las voces dentro de los próximos 10 días y,
una vez producido ese informe, dentro de los 30 días, tenemos que estar
emitiendo el informe definitivo que será la base para las decisiones de
política tarifaria que se van a tomar a partir de esta audiencia pública”.
"Todo lo que se ha hablado se va a considerar, no solamente
del sector residencial sino también del sector comercial y el acceso de gas
natural para pymes y gas natural comprimido, lo tendremos en cuenta para la
definición de los cuadros finales que van a estar en los primeros días de
octubre”, definió Aranguren.
El ministro explicó que la propuesta original apunta a una
suba promedio será del 203%, lo que arroja para el 56% de los consumos
residenciales un valor de $ 106 por mes, antes de impuestos.
A lo largo de los tres días de Audiencia Pública "no hemos
visto muchas opiniones en contra con respecto (al aumento para) el sector
residencial en función de que nosotros hemos mostrado una realidad, que es que
aquel 40% que no tiene acceso a la red, en vez de estar pagando $ 106 pesos,
paga $ 300 por mes”, para adquirir una garrafa.
Aranguren ratificó el compromiso expresado por el Gobierno
de "continuar por un sendero que permita ir de a poco reduciendo la diferencia
entre costos y tarifa y tener en cuenta también que la necesidad de ese
gradualismo que estamos implementando sea en función de poder dar energía a
todos los argentinos”.
Consultado sobre la situación de los clubes de barrio, que
también piden una tarifa diferencial, Aranguren recodó que "faltan reglamentar
dos leyes que fueron promulgadas a fines del año pasado”, la Ley de Entidades
de Bien Público y la de Clubes de Barrio, "y como parte de haberlos escuchados
en estas audiencias, vamos a estar reglamentando ambas leyes”.
Al ser consultado sobre las quejas de las organizaciones de
defensa de los consumidores, sobre las dificultades para aplicar la "Tarifa
Social”, Aranguren adelantó que este martes "nos estamos reuniendo, para
asegurarnos de que (este beneficio) llegue a todos los que lo necesitan y no a
los que no los necesitan, porque es la manera de poder ir administrando los
recursos de la mejor manera posible”.
El ministro destacó que "otra realidad” a tener en cuenta es
la de las pequeñas y medianas empresas, "que si bien no fue el motivo del fallo
de la Corte Suprema, nosotros reconocemos que hay casos en los cuales tenemos
que reformular las decisiones que hemos tomado, sobre la base de las
presentaciones que han hecho CAME y otras asociaciones de pymes”.
Tras la audiencia pública, el ex secretario de Energía,
Emilio Apud, ponderó el funcionamiento a pleno de las instituciones democráticas
y la toma de conciencia por parte de la gente de que "la energía cuesta” y que
hay que pagar tarifas acordes, sobre todo aquellos que más tienen.
Consultado por Télam, Apud dijo que la audiencia "mostró que
todas las instituciones funcionan, el Congreso, que llamó al ministro (Juan
José Aranguren); el Poder Ejecutivo Nacional, que fijó su posición, y la Corte
Suprema de Justicia, que falló en el caso”.
El accionar de los tres poderes del Estado "puede alentar el
ingreso de inversiones, ya que denota un mayor grado de institucionalidad, y
menor de discrecionalidad”, aseguró.
La conferencia de prensa de Aranguren tuvo lugar tras la
última sesión de la Audiencia Pública, que duró una hora y treinta minutos-
comenzó 9.15 y concluyó a las 10.45 ante la inasistencia- y que tuvo trece
oradores en un auditorio con poca asistencia en la Usina del Arte.
Así, concluyó la instancia de participación ciudadana en la
que se habían anotado unas 420 oradores pero se ausentaron 100, entre ellos los
dirigentes de la CTA Hugo Yasky y Pablo Micheli, y el gobernador de Río Negro,
Alberto Weretilneck.
Hubo ausencia total de oradores en Mendoza, La Pampa,
Paraná, Córdoba y Neuquén.
Hablaron desde el interior del país, Jorgelina Signa,
concejal del Partido Obrero de la ciudad Capitán Bermúdez de Santa Fe, Fernando
Germani, delegado de ATE de Ushuaia; y, desde la ciudad de Salta, los vecinos
César Curtare y Hugo Farfán.
En la sala, otros nueve oradores hicieron uso de la palabra,
como Jorge Domenech, quien se presentó a titulo personal y levantó algunos
aplausos de la audiencia cuando dijo que "la energía no será más un
regalo, tendremos que aprender a pagarla y aprender a ahorrarla, tendremos que
usar iluminación con artefactos más económicos, aislar las viviendas en
regiones frías como se hace en el mundo, con la orientación normativa del
Estado y el látigo ineludible del precio de la energía".
En el otro extremo del pensamiento político, un
representante de la organización Tendencia Piquetera Revolucionaria, Lionel
Stiglitz expresó que se realizó "una audiencia trucha, porque la han
vaciado de participación, han reprimido a los compañeros de Neuquén, la han
hecho dentro bases del Ejército en Tierra del Fuego, ha habido amparos en la
ciudad de Salta y también es trucha por la información, acá vinieron las
autoridades de YPF a decir que les cuesta 4 dólares el millón de BTU cuando en
la bolsa de Nueva York informan que les cuesta 1,9 dólares, a quién le
mienten?", cuestionó.
En este contexto, Stiglitz pidió que se llame "a una
consulta popular vinculante ya, juicio político a Aranguren, si el único que lo
sostiene es Macri entonces juicio político a Macri, abajo al tarifazo y basta
de ajuste".
Un vecino de Lanús Oeste, de apellido Garay, que reclamó a
Enargas por la burocracia en la aprobación de la tarifa social: "Nunca me
llegó la garrafa social a mi casa, yo no tengo garrafa de 97 pesos, yo la
compro a 200 pesos. Yo gano $ 3.300 de sueldo por mes, hoy me bañé con agua
fría a las 4 ó 5 de la mañana para salir a laburar. Cuando voy a Enargas a
reclamar la tarifa social me pasan de Temperley a Lanús y no me lo dan. Dónde
está el derecho de las personas, la dignidad de vivir bien?", dijo en tono
elevado y agitando en sus manos los papeles que presentó en más de una ocasión
ante el organismo.
El moderador Javier Corcuera hizo lectura de la lista de
cien oradores que estuvieron ausentes, para descartar que se encontraran en la
sala, entre los que se destacaron los dirigentes de CTA Hugo Yasky y Pablo
Micheli; el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck; la dirigente del
MST-Nueva Izquierda Vilma Ripoll; y el diputado socialista Rubén Giustiniani.
También se ausentaron Juan Carlos Alderete, referente de la
Corriente Clasista y Combativa (CCC); el secretario gremial del Sindicato de
Petroleros Jerárquicos de Tierra del Fuego, Moisés Solorza; el defensor del
Pueblo de Jujuy, Ricardo Pierazzoli; y Jonatan Bogado "que salió en el diario
diciendo que quería ser el último y no vino", observó Corcuera.
Estaba prevista también la participación de representantes
del municipio de Malvinas Argentinas, Escobar, Merlo, Marcos Paz, Moreno,
Castelli, Berazategui y Ramallo, que no se hicieron presentes.
En tanto, de las organizaciones empresarias fueron
funcionarios de tercera línea pero no los dirigentes reconocibles públicamente.
Por la Unión Industrial Argentina (UIA) participó el jefe del Departamento de
Infraestructura, Alberto Calsiano, pero no asistió Adrián Kaufmann Brea,
titular de la entidad.
A su vez, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa
(CAME) envió a Ignacio de Jáuregui, un técnico a cargo de la Secretaría de
Asuntos Legales, Laborales y Sociales, pero no asistieron las figuras más
representativas como Osvaldo Cornide o Vicente Lourenzo.
