Guzmán fue
entregado a las autoridades estadounidenses en el aeropuerto de Ciudad Juárez,
fronteriza con Estados Unidos, donde se encontraba preso en una cárcel de
máxima seguridad. La extradición se realiza en el último día de la
administración de Barack Obama en la Casa Blanca.
El Gobierno
mexicano decidió conceder a Estados Unidos la extradición del capo en mayo de
2016 por las solicitudes presentadas por una corte de California y otra de
Texas. El proceso tardó debido a los recursos de amparo que interpuso la
defensa de Guzmán.
"El Chapo" fue capturado en enero de 2016, seis meses después de escapar de la prisión de máxima seguridad Altiplano a través de un túnel de unos 1.500 metros. Su primera fuga fue en 2001, cuando logró evadirse del penal de Puente Grande escondido en un carrito de lavandería y con la complicidad de agentes custodios.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos agradeció a México "por su extensa colaboración y asistencia en asegurar la extradición de Guzmán Loera a los Estados Unidos", en donde, aseguró, enfrentará cargos por su liderazgo en el cártel de Sinaloa.
Guzmán enfrenta
seis procesos judiciales diferentes en Estados Unidos. La extradición fue
concedida por el pedido de las cortes de Texas y California. "El
Chapo" también tiene un abultado archivo de acusaciones en Nueva York,
considerado su destino más probable. Sin embargo, será Estados Unidos el que
defina ante qué corte se presenta. En Texas es requerido por asociación
delictiva, narcotráfico, delincuencia organizada, posesión de armas, homicidio
y lavado de dinero, mientras que en California lo reclamaban por asociación
para importar y poseer cocaína con la intención de distribuirla.
El tribunal colegiado era la última instancia a la que podía acudir la defensa de Guzmán, que desde el 20 de mayo de 2016, cuando el Gobierno mexicano concedió la extradición, interpuso amparos y recursos para frenar su traslado. "Es evidente que la sentencia del tribunal es una flagrante violación a los derechos humanos", dijo José Refugio Rodríguez, uno de sus abogados, en Radio Fórmula. "El Gobierno terminó su obra con este trofeo para el presidente de Estados Unidos", agregó.
Reacciones diferentes
La decisión
generó distintos tipos de reacciones, desde quienes la consideraron un gesto de
sumisión a una muestra de cooperación hacia la nueva administración
estadounidense. "La extradición de Joaquín Guzmán Loera a Estados Unidos
por parte del Gobierno mexicano es una muestra del diálogo y colaboración entre
ambas naciones", escribió en su cuenta de Twitter el presidente del
gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa.
Como se ha dado a
conocer, el criminal Joaquín Guzmán Loera, fue extraditado para hacer frente a
sus procesos penales pendientes.
Para el analista
Leo Zuckermann, "esta es la primera acción concreta del Gobierno mexicano
frente a la toma de posesión de Donald Trump" y una muestra del trabajo
coordinado entre las gestiones del presidente saliente Barack Obama y el
Gobierno de Enrique Peña Nieto. "Aquí el gran mensaje es: 'Con cooperación
de ustedes y de nosotros se pueden tener buenos resultados", dijo en una
entrevista con Foro TV.
Los críticos le
dieron una lectura diferente. "La entrega del capo más buscado y reclamado
por la Justicia estadounidense confirma la estrategia de sumisión y
sometimiento por la que optó el Gobierno mexicano", señaló Salvador García
una columna en "El Universal", en la que consideró que Peña Nieto
prefirió "mandarle un regalo" a Trump, en lugar de tomar una postura
defensiva.
Desde su campaña
electoral, Trump habló en contra de los mexicanos, a los que calificó de
violadores y delincuentes. Además, se mantiene firme en su promesa de construir
un muro en la frontera y hacer que México lo pague, así como de instaurar
políticias comerciales proteccionistas y de deportar a los inmigrantes
ilegales.
Guzmán fue
recapturado hace un año, seis meses después de escapar de la prisión de máxima
seguridad Altiplano a través de un túnel de unos 1.500 metros que iba a una
vivienda cerca del penal. Más de 30 personas, entre responsables del sistema
penitenciario, guardias y colaboradores de Guzmán, fueron detenidos como
presuntos cómplices de su evasión.