Si logran acuerdos que ronden el 18% de aumento -en línea
con el que María Eugenia Vidal selló con los estatales bonaerenses-, respirarán
tranquilos. La idea es que, además, el porcentaje que se acuerde con los
docentes funcione como caso testigo para el resto de los estatales.
La Casa Rosada, que sigue de cerca el proceso, persigue el
mismo objetivo. Quiere que la paritaria docente se convierta en el molde del
resto de las negociaciones salariales y quede alineada con el 17% de inflación
plasmada en el presupuesto.
Un dato clave: por primera vez en años el gobierno nacional
no será el pivot de la puja con los maestros. Ya no se fijará un porcentaje que
guíe la discusión en las provincias, sino que cada distrito pactará con los
gremios locales por su cuenta.
El cambio libera a Macri de cometer errores como el del año
pasado, cuando cerró un aumento del 32% (que incluyendo el aporte del Fondo
Nacional de Incentivo Docente trepó a 40%), después de haber querido imponer el
25% como tope para las paritarias. Aquel acuerdo elevó de movida el techo de
las negociaciones del resto de los gremios.
El año pasado, el Gobierno creó un mecanismo de
actualización automática por el que el maestro ingresante no puede cobrar menos
de un salario mínimo más el 20%. Esa cifra quedó fijada en enero en $ 9672. De
todos modos, la Casa Rosada ya no participará de la paritaria definiendo un
porcentaje.
Si como pretende él y la mayoría de los gobernadores, el
arreglo con los maestros no se aleja del 18%, Macri podría anotarse un triunfo
crucial en la puja con la CGT, que la semana pasada volvió a plantar bandera
contra los despidos y a advertir que no aceptará el corset que pretende imponer
la Casa Rosada.
Menos aún, negociar los aumentos hacia adelante, es decir,
sin compensar las pérdidas por la brecha entre el promedio en el que cerraron
las paritarias del año pasado (33%) y la inflación (41%).
Como antesala de la negociación entre los caciques
provinciales que comenzará el jueves, el Gobierno aprovechó enero para dejar en
claro que el ajuste de las finanzas de las provincias será uno de los ejes de
su política de contención del gasto público para este año.
En ese escenario, los gobernadores peronistas se
reencontrarán para empezar a ponerle números a una paritaria que, en la mayoría
de los casos, se lleva una porción importante de los presupuestos provinciales.