"Es una situación que escandaliza. Es similar a un
funcionario tirando bolsos y armas dentro de un convento", disparó Camaño
en declaraciones al programa "El Destape", que se trasmite por Radio
10.
Para la legisladora del massismo "estamos hablando de
un caso como el Correo donde hubo una privatización escandalosa, de una anulación
de acuerdos escandalosa, y porque estamos hablando del padre de Macri".
"Esto va a formar parte del erario del presidente", remató.
Asimismo, consideró que "hay una serie de
irregularidades en todo el trámite" y que alertó sobre la velocidad con
que el Estado resolvió avalar la oferta a una deuda que lleva más de 15 años.
"No se resolvieron un montón de cosas y esto lo resolvieron en seis meses.
Se ve como el Estado resuelve sus intereses cuando intervienen los
poderosos", señaló.
"Estamos hablando de un empresarios incumplidor, más
allá de los juicio que esté haciendo este señor hay que recordar que no pagó el
canon al Estado", continuó Camaño.
La polémica se desató luego de que la fiscal general ante la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, dictaminó que
debe rechazarse "por abusiva" la propuesta realizada por la empresa
Correo Argentino S.A, propiedad de la familia Macri, y aceptada por el Estado
Nacional, en el marco de un concurso preventivo.
La decisión de la fiscal tuvo lugar luego de que el Gobierno
avalara una nueva oferta de pago que propuso Correo Argentino, de Franco Macri,
padre del presidente Mauricio Macri, sobre la deuda que la empresa sostiene
desde hace varios años con el Estado.
Luego de que la causa estuviera más de 15 años empantanada
en los tribunales y de los numerosos rechazos de acuerdo por parte del Estado,
la gestión de Macri aceptó una quita del 98,82 por ciento del total de la deuda
y su cancelación podrá efectuarse hasta 2033.
Por ese acuerdo, Macri y varios funcionarios fueron
denunciados bajo la acusación de "negociaciones incompatibles con la
función pública".
Según Boquín, fiscal general ante la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Comercial, el ofrecimiento realizado en junio debe
considerarse "abusivo", ya que implica una quita de más de $ 4.000
millones en la actualidad y de más de $ 70.000 millones a 2033, cuando finalice
el plan de pagos.
El Estado era el principal acreedor de Correo Argentino S.A.
por la falta de pago del canon que el grupo Macri debía abonar tras hacerse
cargo de la concesión del reparto de la correspondencia.
Luego de la quiebra, el servicio volvió a quedar en manos
del Estado, que se encargó de repartir sobres y bultos en todo el país.
La fiscal general llegó a esa conclusión luego de un
análisis efectuado con la colaboración de la DAFI (Dirección General de
Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones), el cual toma como
base la fecha en que se inicia el concurso el 19 de septiembre de 2001, cuando
se empezaría a pagar y la fecha en que se terminaría de abonar la deuda.
La Procuración de la Nación realizó un cálculo estadístico y
matemático, el cual da que al año 2033 esa deuda que era de 296 millones,
actualizando los índices y con la tasa del Banco Nación, treparía a 71.000
millones de pesos.
Con lo cual, la oferta que hizo el Correo Argentino al
Estado nacional, incluye una quita de 70 mil millones, es decir del 98 por
ciento.
En la audiencia del 28 de junio, hubo dos propuestas del
Correo Argentino S.A para saldar la deuda.
La primera consistía en el pago del 100 por ciento del
capital verificado y/o declarado admisible, que sería abonado en 19 cuotas
anuales y consecutivas, más una cuota de intereses del 6 por ciento anual, la
cual fue rechazada.
La segunda consistía en el pago del 100 por ciento del
capital verificado y/o declarado admisible, en 15 cuotas anuales y consecutivas
más una cuota de intereses del 7 por ciento anual.
Para la Fiscalía, las dos propuestas son inadmisibles, al
argumentar que "a primera vista, la nueva propuesta recepta los
requerimientos del Estado Nacional en tanto ´mejora´, literalmente, tanto el
´plazo de pago´ (de 19 cuotas, pasa a proponer 15 cuotas anuales y
consecutivas) como la tasa de ´interés´ (del 6 por ciento anual, propone ahora
aplicar un 7 por ciento anual)".
"Sin embargo, un pormenorizado análisis económico nos
lleva a una conclusión diferente: la propuesta no implica mejora alguna. Ello, vicia
el consentimiento prestado, convirtiendo el acto en arbitrario e irrazonable,
pues no cuenta con fundamentación suficiente que amerite evaluar el cambio de
la decisión estratégica del Estado además de carecer de un soporte técnico que
lo avale", agregó la Fiscalía.
Tras desatarse la polémica, el Gobierno salió a defender el acuerdo , al asegurar que se trató de un procedimiento "transparente" y que no se le perdonó "ni un mango" al Correo Argentino.