La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San
Francisco, en California, negó la moción de urgencia presentada por el Gobierno
que pretendía invalidar la suspensión temporal del decreto decidida por un juez
federal de Seattle.
El Departamento de Justicia alegaba en su apelación que la
decisión de la corte del distrito de Seattle supone un daño para la población,
"cuestiona el juicio del presidente sobre seguridad nacional" y
carece de análisis legal.
También señalaba que el juez James Robart se había
extralimitado en sus funciones porque su decisión afectaba a todo el territorio
nacional y cuestionaba la división de poderes entre el presidente y la
Justicia.
"Ganaremos", había dicho Trump a los periodistas
desde su resort de Mar-a-Lago en Florida tras interponer la apelación:
"Por la seguridad de nuestro país, ganaremos".
Trump también había cuestionado públicamente e incluso
atacado indirectamente al juez de Seattle y su decisión.
"¡La opinión de este supuesto juez, que
fundamentalmente nos quita (la capacidad) de aplicar la ley, es ridícula y será
anulada!", tuiteó Trump.
Los analistas consideraron un comportamiento poco común que
un presidente cuestione la legitimidad y competencia de un juez abiertamente.
Trump emitió el 27 de enero un decreto que suspendía
temporalmente el programa de refugiados estadounidense y prohibía la entrada al
país a todos los ciudadanos de Irak, Siria, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen
durante 90 días, una prohibición indefinida para los refugiados sirios. El
videpresidente Mike Pence respaldó al presidente en una entrevista en
televisión.
Al ser preguntado si calificar a Robart de "supuesto
juez" ponía en peligro la división de poderes que marca la constitución,
respondió: "No lo creo, creo que los estadounidenses están acostumbrados a
que este presidente manifiesta abiertamente su opinión". Trump dejó claro
que para este Gobierno la seguridad de los estadounidenses está en primer
lugar.
"El decreto que emitió era legal, era proporcionado y
nuestro Gobierno utilizará todas las medidas jurídicas a nuestra disposición
para impugnar la decisión judicial", dijo Pence a la emisora ABC.
El Departamento de Estado se vio obligado tras la decisión
de Seattle a levantar la anulación de visado para entre 60.000 y 100.000
extranjeros afectados por el decreto de Trump. El Departamento de Seguridad
Nacional ordenó por su parte la cancelación de "todas las acciones para
implementar" el decreto de Trump, señala un comunicado oficial.
A los viajeros se les someterá ahora al mismo escrutinio que
existía antes de la orden de Trump. En general se espera que la disputa legal
acabe en el Tribunal Supremo, por lo que es probable que Estados Unidos se
encuentre en la fase inicial de una batalla judicial que podría ser larga