La fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Comercial, Gabriela Boquín, pidió que se rechace el acuerdo al que había
llegado el Gobierno nacional con el grupo SOCMA por una deuda que tiene una de
sus empresas, Correo Argentino S.A., con el Estado argentino desde 2001, y que
según cálculos de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero
(DAFI) de la Procuración General de la Nación, condonaría hasta $ 70.000
millones de pesos, según la actualización a 2033.
En 2003 Correo Argentino S.A., la empresa de Franco Macri,
se presentó a concurso de quiebra a tan solo pocos días de que asumiera Néstor
Kirchner como presidente. Y el juez Favier Dubois lo decretó e impidió salir
del país a toda la familia Macri como a quienes formaban parte del directorio
de Sideco.
En ese mismo año, la deuda de Correo Argentino era de
$296.205.376, y el Estado rechazó propuestas de pago del 7,7% y del 5,73% de la
deuda, o sea, quitas del 92,3% y del 94,27%. Durante 14 años estuvo presente la
deuda en Tribunales. Recién a mediados del año pasado, el Estado argentino
aceptó la propuesta de pago de la empresa quebrada.
A esa audiencia, solicitada por el Estado, concurrieron los
representantes de Correo Argentino, los síndicos y dos representantes del
Estado Nacional: Juan Carlos Mocoroa, Director de Asuntos Jurídicos del
Ministerio de Comunicación y María Alejandra Gottardi. Lo notable de esta
reunión es que Mocoroa, quien se presentó en nombre del Estado, fue designado
en forma transitoria por 180 días por la Decisión Administrativa 151/16,
firmada el 2 de marzo de 2016 por Marcos Peña y Oscar Aguad.
Según indica la página del Ministerio Público Fiscal,
Mauricio Macri, habría condonado las deudas de su propia familia, aceptando una
quita de 70.163 millones de pesos, un 98,82%. Ahora deberán solo pagar el 1,18%
de la deuda. También les adjudicaron un prudente tiempo de pago para el
porcentaje restante: tendrán hasta el 2033 para cancelar la deuda.
La fiscal Boquín, luego de revisar el acuerdo, concluyó que
lo acordado "equivale a una condonación” de la deuda "y debe considerarse
abusiva” en tanto implicaría, de acuerdo a los cálculos realizados por la
DAFI, una quita de más de $ 4000
millones de pesos en la actualidad y de más de $ 70.000 millones a 2033.