La fiscal en
lo Comercial Gabriela Boquín dictaminó en contra del pedido del gobierno para
suspender por 120 días la tramitación del acuerdo de pago por la deuda del
Correo Argentino con el Estado, por la gestión durante el tiempo en que estuvo
privatizado y operado por una empresa de la familia Macri.
Boquín
consideró que el expediente judicial está en condiciones de ser resuelto de
inmediato y pidió que efectivamente se adopte una decisión definitiva al
respecto.
Mediante dos
dictámenes, Boquín -quien denunció los términos del acuerdo entre el Estado y
la empresa, que virtualmente condonaba una multimillonaria deuda- advirtió
además sobre las conductas procesales del Correo Argentino en el expediente.
"Corresponde
rechazar el pedido de suspensión de todos los plazos procesales por el término
de 120 días y la petición para que se suspenda la realización de la audiencia
fijada para el 16 de marzo de 2017 hasta tanto el Procurador del Tesoro cuente
con los antecedentes judiciales y administrativos para asumir la defensa del
Estado", opinó Boquín, según informaron fuentes judiciales a la agencia
DyN.
Para la
fiscal, ese plazo de 120 días implica "una demora injustificada del
trámite en perjuicio de los acreedores y un tratamiento desigual".
En ese
contexto, recordó que la Procuración del Tesoro "ya ha tomado intervención
en estos actuados sin solicitar la suspensión de plazos procesales, ni abogar
por el requerimiento efectuado por el Ministerio de Comunicaciones", es
decir que el plazo requerido tiene solo una consecuencia dilatoria.
"Las
presentes actuaciones se encuentran en condiciones de ser resueltas, lo que así
solicito", insistió la fiscal.
Además,
señaló que el Estado Nacional primero aceptó un acuerdo y luego se desdijo, por
lo cual no hay acuerdo entre la empresa y los acreedores y, en consecuencia, la
causa debe seguir su normal tramitación.
"Con la
retractación formulada por el Estado Nacional resulta evidente que la
concursada no ha alcanzado las mayorías" necesarias para forzar un acuerdo
que involucre a todos los acreedores, dictaminó Boquín.
La fiscal
recordó que fue el Estado Nacional el que pidió la suspensión por 120 días de
los plazos legales del expediente, pero entendió que esa petición "carece
de sustento legal y no puede seguir avasallándose la normativa concursal e
incumplirse los plazos legalmente previstos en un evidente abuso del proceso,
distorsionando el mismo".
Además,
resaltó el "carácter abusivo de la propuesta formulada por la
concursada", que según sus propios cálculos le hubiera permitido una
virtual condonación de una multimillonaria deuda con el Estado.
"Solicito
se dicte sentencia que resuelva el recurso interpuesto por la concursada",
reiteró la fiscal.
En el mismo
orden, alertó sobre la conducta de la sindicatura (en representación de los
acreedores de la empresa) sobre el devenir del expediente.
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