La Corte
Suprema de Justicia de la Nación resolvió ampliar el Cuerpo de Peritos del
Poder Judicial de la Nación especializados en casos de corrupción y delitos
contra la Administración Pública, según se informó esta mañana mediante un
comunicado.
La razón es
"el incremento de las causas vinculadas con aquellos delitos y la
complejidad que conlleva el examen de los elementos ingresados a peritar".
El máximo
tribunal suma así cinco nuevos peritos a los diez profesionales que componen
aquel cuerpo.
Fue a través
de una resolución firmada ayer por los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena
Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
De esa
manera, el máximo tribunal decidió llamar a concurso público para cubrir los
cargos de:
- Dos
peritos contadores, con especialización y práctica en administración pública,
administración financiera del sector público o administración y contabilidad
pública;
- Un perito
contador, con especialización y práctica en mercado de capitales.
- Un perito
contador, con especialización y práctica en contabilidad internacional.
- Un perito
abogado, con especialización en derecho penal económico, criminología o
criminalidad económica y con dedicación comprobable respecto al delito de
blanqueo de capitales y demás delitos económicos y financieros.
En la
resolución se incluye el llamado a concurso para cubrir el cargo de un perito
ingeniero en sistemas de información o informática, que había quedado sin
cubrir.
Designaciones
Por otro
lado, la Corte Suprema de Justicia realizó las designaciones en el Cuerpo de
Peritos Anticorrupción de tres ingenieros civiles con especialidad en vías de
comunicación y de un ingeniero en sistemas de información o informática, que
habían resultado elegidos mediante concurso público de antecedentes y
oposición.
Fue mediante
la acordada 21/2017, firmada por los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena
Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
El cuerpo de
peritos había sido creado por la Corte en 2014, durante la gestión en el
Ejecutivo de Cristina Fernández Kirchner. Pero en ese momento el máximo
tribunal buscó desligar una motivación política en la iniciativa.
Fuente: El
Cronista
