La discusión por el reparto de recursos entre la Nación y
las provincias es una batalla decisiva para el Gobierno, porque de su resultado
depende tanto el cumplimiento de la meta fiscal de 2018 como el destino de la
reforma tributaria que impulsa la Casa Rosada.
El Ejecutivo sabe que debe definir este debate entre las
elecciones de octubre y fin de año, pero hoy tendrá la oportunidad de testear
por primera vez la reacción de los todos los distritos a los números del
Presupuesto nacional y a la propuesta de extensión del Impuesto al Cheque.
Será a las 14, cuando un grupo de ministros de Economía
provinciales concurra al Ministerio del Interior para avanzar con otra de las
asignaturas que cruzan la relación: el financiamiento del déficit de las cajas
previsionales, para el cual en 2017 se presupuestaron $ 14.000 millones.
La reunión de hoy se gestó luego de la cumbre de
gobernadores realizada el pasado miércoles 6, para debatir la pelea judicial
por el Fondo del Conurbano. Preocupados por un fallo que desfinancie a sus
distritos, los mandatarios aprovecharon para darle visibilidad a otros
reclamos, como el existente por el envío de fondos para atender el rojo
previsional.
El otro tema que probablemente surja en el diálogo es el
cambio que hizo el Ejecutivo en el impuesto al cheque. Las provincias
reclamaban su coparticipación total, ya que hasta ahora 70% iba al Tesoro. La
propuesta que busca extender el gravamen hasta 2019 cambia el destino de los
fondos: ese porcentaje ahora irá a la ANSeS.
Rojo previsional
El Gobierno había acordado con 13 provincias el envío
mensual de fondos para que la ANSeS financie el déficit de las cajas que no
habían sido transferidas, siempre que armonizaran sus prestaciones con las
nacionales según cinco componentes: la edad jubilatoria, las alícuotas de
aportes y contribuciones patronales, la cantidad de años de servicio con
aportes efectivos, la determinación del haber inicial y la movilidad
jubilatoria. Pero la demora provincial en el cumplimiento de ese compromiso,
incorporado en la ley de Reparación Histórica, generó un retraso en las
transferencias.
En la cita de hoy, los anfitriones serán el secretario de
Provincias, Alejandro Caldarelli, y el subsecretario Paulino Caballero. La idea
es escuchar las propuestas de los ministros de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe,
Entre Ríos, Chaco, Chubut, Santa Cruz, Neuquén, Corrientes, La Pampa, Formosa,
Misiones y Tierra del Fuego en torno a la armonización y poner también sobre la
mesa la posibilidad de automatizar los giros, que en ocasiones son frenados por
la ANSeS por la falta de exhibición de las planillas de jubilados, según
señalan en la Casa Rosada.
En abril pasado, la ANSeS se había endurecido y decidió
suspender el giro de fondos hasta que las provincias no cumplieran con los
requisitos formales. Pero luego envió una nota a las cajas provinciales para
postergar la decisión. "Teniendo en cuenta que la implementación del
programa requiere el traspaso de una gran cantidad de información histórica por
parte de las cajas provinciales; y que dicho trabajo está insumiendo más tiempo
del originalmente previsto, esta Administración Nacional ha decidido continuar
con la distribución del anticipo mensual hasta el mes de septiembre
inclusive", según indicaron en ANSeS. Pero con el noveno mes del año en
marcha, poco se ha avanzado y la preocupación volvió a crecer.
Y es que la ley establece que ANSeS podrá aplicar quitas en
el financiamiento a aquellas cajas que no muestren avance en la armonización,
las cuales pueden llegar hasta la quita total a quienes no hayan completado con
el proceso en 2020.
No obstante, fuentes oficiales revelaron que "la idea
es escuchar el estado de situación de cada una de las provincias sobre la
información que le están debiendo a la ANSeS para determinar el déficit y poder
pagarlo. Hoy ANSeS está transfiriendo a cuenta de ese déficit, porque no tiene
toda la información para determinarlo y poder cubrirlo".
Así, buscarán avanzar en un entendimiento para cumplir con
lo marcado por la ley y cubrir un rojo que, ya el año pasado, demandó más de $
12.000 millones.
