El presidente Mauricio Macri sigue sumando críticas de sectores tradicionales de la Justicia luego de su opinión "como ciudadano" sobre el fallo de la Cámara del Crimen que confirmó el procesamiento del policía de Avellaneda Luis Chocobar.
Ayer fue la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y hoy se sumó al cuestionamiento la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM) que congrega a 15000 asociados en todas las provincias del país y la Ciudad de Buenos Aires.
Mediante un comunicado la FAM expresó "su preocupación ante los cuestionamientos y descalificaciones formuladas por el Sr. Presidente de la Nación a los magistrados que emitieron sus pronunciamientos, en primera y segunda instancia, en una causa en la que se investiga el proceder de un personal policial en un hecho de resonancia pública".
La semana pasada, luego de conocida la confirmación del procesamiento de Chocobar, Macri había dicho en conferencias de prensa que: "Como ciudadano, no entiendo cómo en el fallo dice que hizo todo bien pero en el último instante se excedió. Estamos hablando de un policía que perseguía a un asesino".
Los camaristas que confirmaron el procesamiento de Chocobar y a los que se refirió Macri son Rodolfo Pociello Argerich, Mariano González Palazzo y Marcelo Lucini, integrantes de la Sala IV de la Cámara del Crimen.
El cuestionamiento de la FAM agregó que "el respeto y el acatamiento de las decisiones judiciales constituye una premisa básica de convivencia en los estados democráticos, razón por la cual resulta un mensaje negativo para la sociedad y un debilitamiento para el sistema republicano que se interfiera en la marcha de un proceso expresando opiniones condicionantes desde el Poder Ejecutivo nacional sobre el sentido y el contenido que tienen que tener las decisiones de los magistrados intervinientes".
Y concluyó que "las leyes que regulan el uso de la fuerza por parte del Estado son una protección para todos los ciudadanos, siendo el control judicial propio de todo Estado de Derecho el resguardo esencial de su ejercicio. La independencia judicial es una garantía de los ciudadanos en una República y su vigencia es impuesta por la Constitución nacional y por Pactos Internacionales de Derechos Humanos, correspondiendo a todos los habitantes, y en particular a las autoridades de los Poderes del Estado, contribuir a su afianzamiento".