Causó preocupación en el Poder Ejecutivo que el Senado decidiera tratar en comisión un proyecto del senador Adolfo Rodríguez Saá que pretende ponerle un límite al endeudamiento, ya que tal iniciativa podría entorpecer el acuerdo con el Fondo Monetario, nada menos. La iniciativa del puntano establece que la relación de deuda en moneda extranjera y el PBI no debe exceder el 60%.
Lo cierto es que el senador Rodríguez Saá comenzó a insistir con el tema cuando se discutía el acuerdo con los holdouts. En ese marco, el 16 de marzo de 2016 planteó modificaciones al proyecto del acuerdo con los fondos buitre. Allí fue que planteó un artículo que estableciera que “para contraer cualquier tipo de deuda se requiere una ley del Congreso”, al tiempo que pidió una ley especial para la prórroga de las jurisdicciones.
Las resistencias al acuerdo con los acreedores se hacían extensivas a su hermano, el gobernador Alberto Rodríguez Saá, quien junto al vicegobernador santacruceño, Pablo González, fueron los únicos representantes provinciales que se opusieron al acuerdo, en el marco de un plenario de comisiones del Senado.
Ante las resistencias para modificar el proyecto oficial, Adolfo Rodríguez Saá presentó entonces el 21 de marzo un proyecto complementario que estableciera que se exija que por ley especial y previa del Congreso se autorice únicamente un nuevo endeudamiento, y, por otra, se plantea que la prórroga de jurisdicción tiene que estar autorizada previa y expresamente por el Congreso.
El proyecto contó con el apoyo de 17 senadores: el jefe del bloque del PJ-FpV, Miguel Angel Pichetto, y sus compañeros de bancada Omar Perotti, Beatriz Mirkin, Rodolfo Urtubey, Dalmacio Mera, Sigrid Kunath, Juan Manuel Irrazábal, Sandra Giménez, Walter Barrionuevo, Pedro Guastavino, José Alperovich, Eduardo Aguilar, Marina Riofrío y Juan Mario País. También suscriben los pampeanos Daniel Lovera y Norma Durango y por supuesto la puntana Liliana Negre de Alonso.
Ya durante el debate en el que se convirtió en ley el pago a los holdouts, el senador puntano pidió una serie de modificaciones, una de las cuales establecía modificar el artículo 60 estableciendo que “todo ente público o privado con participación estatal mayoritaria, no podrán realizar operaciones de crédito público de ninguna naturaleza, ni reestructurar deuda pública sin previa autorización por ley especial del Congreso Nacional, sancionada al efecto”.
La modificación no prosperó, pero días después, el 6 de abril de 2016 debatieron el proyecto en comisión. Durante el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y economía Nacional e Inversión, el senador Rodríguez Saá calificó a la norma como una “ley para el futuro” y destacó la importancia de que se realice a través de una ley especial, porque “en el Presupuesto viene mezclado con otros temas”.
“Estamos buscando que el crédito que vamos a tomar tenga transparencia, saber qué intereses va a tener y qué jurisdicción”, explicó y añadió: “nos va a ayudar a no cometer errores del pasado”.
El proyecto no tuvo dictamen ese día, cosa que sí consiguió el 12 de abril, siendo tratado y aprobado por unanimidad el 27 de abril. La media sanción modificaba la Ley de Administración Financiera y establecía exijir que por ley especial y previa del Congreso se autorice únicamente un nuevo endeudamiento y, por otra, se planteaba que la prórroga de jurisdicción tiene que estar autorizada previa y expresamente por el Parlamento.
El autor de la ley aclaró ese día que “si el país tiene que tomar crédito para crecer, lo tomará”, pero subrayó el rol del Congreso a la hora de autorizarlo, así como a la prórroga de jurisdicción. “Lo que estamos planteando con la sanción de esta ley es nunca más un endeudamiento con fines que nos conocemos”, señaló.
La media sanción del Senado no avanzó nunca en Diputados.
Fuente: Parlamentario
