Desenmascaran una red ilegal de espionaje de grandes magnitudes

En la que están involucrados funcionarios del gobierno nacional, legisladores, miembros del Poder Judicial, periodistas, medios de comunicación y agentes de inteligencia de otros países, particularmente de Estados Unidos. 

Estamos ante una “mafia” que actúa en las sombras para provocar hechos que luego benefician políticamente a unos ( Macri) y perjudican a otros (oposición).

Ayer, en el marco de la investigación por extorsión y espionaje ilegal que involucra al falso abogado Marcelo D'Alessio y el fiscal Carlos Stornelli, se presentó en la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados de la Nación, el juez Federal, Alejo Ramos Padilla, quien explicó los detalles de la investigación que terminaron asombrando, por lo tenebroso, a todos los presentes.

Durante su exposición el juez sostuvo que la causa que involucra a Stornelli es apenas una porción "ínfima" de un cuadro mucho más grande que inclusive podría afectar, según dijo, las relaciones exteriores de Argentina con países como Estados Unidos, Irán, Venezuela y Uruguay y principalmente el Estado de Derecho y los libre ejercicios de la libertad de prensa, expresión y de la abogacía.

Basado en los documentos encontrados en la casa de DAlessio, señaló que se está frente a una agencia de inteligencia paraestatal y por lo tanto clandestina e ilegal, que realizaba tareas de espionaje que luego se utilizaban con fines económicos o de manipulación psicológica para favorecer a determinadas personas y gobiernos. Estas “investigaciones” se realizaban con la anuencia de políticos, ministerios, embajadas y periodistas o empresas de periodismo, principalmente multimedios Clarín.

Asimismo, se utilizaba su material para después influir en causas judiciales y coaccionar.

Entre estas operaciones señaló el caso de PDVSA, la empresa petrolera de Venezuela, en donde se buscaba involucrarla en supuestos hechos de corrupción para que EEUU pudiera poner un freno a sus fondos y perjudicar a ese país.

También, mencionó que la agencia tenía en su poder un plan de entrenamiento, generado por asesores del presidente de EEUU para posicionar a un candidato a presidente (el cual no nombró). En este plan, incluía un trabajo clave de divulgación para reacciones de opositores haciéndose anticipar a hechos que no ocurrirían nunca (manipulación psicológica).

Además, involucró directamente a las diputadas nacionales Elisa Carrió y su par Paula Olivato como reproductoras de estas estrategias generadas para dar, por ejemplo, apoyo al presidente Maurio Macri.

El juez, concluyó pidiendo la colaboración de todas las instituciones y de los diputados para involucrarse y poder asegurar la continuidad de la investigación y así salvaguardar el Estado de Derecho del país.

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