La normativa actual, que desfederalizó parcialmente la competencia penal en materia de estupefacientes, fue sancionada en 2005 por requerimiento del entonces gobernador Felipe Solá para liberar a la Justicia Federal de tener que ocuparse de delitos menores, vinculados a la tenencia y a la venta minorista de drogas.
El proyecto votado este miércoles que va en sentido contrario, priorizando la intervención de la Justicia Federal fue votado con 161 votos afirmativos, uno negativo y 16 abstenciones.
Dentro de las abstenciones se encuentra el bloque de Felipe Solá quien tildó de “mamarracho” al proyecto y consideró que “está de más” porque la ley actual ya prevé la prevalencia de la Justicia Federal.
“El tema del narcotráfico no se resuelve dejándole todo a los jueces federales y dejándole nada a los jueces penales provinciales: se empieza a resolver por el narcomenudeo, porque el narcotráfico necesita copar barrios y vender muchas dosis. Despreciar el narcomenudeo es no entender nada”, advirtió Solá.
El diputado de Red por Argentina indicó que “en la fundamentación de la ley, parece que las provincias no han hecho otra cosa que molestar a las investigaciones”.
Recordó además que la ley de 2005 se sancionó porque “no podíamos seguir el narcotráfico con los jueces federales”, que “pedían que les llevaran los pescados grandes y sino, que no los molestaran”.
“La ley estaba basada en lo empírico, en cambio esta ley es el camino de la centralización del poder en el Ministerio de Seguridad”, se quejó Solá.
Guillermo Montenegro, ex ministro de Seguridad porteño, aclaró ante las críticas de Solá que “el espíritu de esta ley se complementa con la anterior”, y agregó: “Tratamos de dar una salida rápida a la continuación de las investigaciones”.
“La ley no tiene que ver con una centralidad, y menos aún con el narcomenudeo, que se están llevando de buena manera por la Justicia provincial”, expresó.
La iniciativa modifica el artículo 3 de la Ley 26.052 estableciendo que “conocerá la Justicia Federal cuando la causa tuviere conexidad subjetiva y/u objetiva con otra sustanciada en dicho fuero”.
Además, se indica que “cuando se genere una contienda de competencia, la investigación quedará a cargo de la Justicia Federal hasta que se resuelva dicha cuestión”.
Por último, se crea una mesa de intercambio de información entre las jurisdicciones federal, provinciales, de la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio Público Fiscal de la Nación y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).
En esa mesa, “se intercambiarán criterios de política criminal en torno a las investigaciones y se compartirá toda la información relacionada con las causas e investigaciones en curso”.
