Un reportaje del diario The Intercept Brasil, del periodista estadounidense Glenn Greenwald, señala que el ex juez Sergio Moro, hoy ministro de Justicia del Gobierno de Jair Bolsonaro, y el fiscal de la operación Lava Jato, Deltan Dallagnol, intercambiaron mensajes de texto durante la investigación del caso, algo prohibido por la Constitución y el Código Penal brasileño.
Los chats de Telegram publicados por el sitio The Intercept muestran complicidad política e ideológica entre el juez Sergio Moro y el fiscal del Lava Jato, Deltan Dallagnol, en el encarcelamiento de Lula.
El sitio The Intercept publicó este domingo una serie de mensajes de la aplicación Telegram entre el juez Sergio Moro y el fiscal a cargo de la operación Lava Jato, Deltan Dallagnol, que muestran la animosidad política e ideológica en la investigación que terminó en el encarcelamiento del ex presidente Lula de Silva en Brasil.
El encarcelamiento de Lula, que era favorito en las encuestas para las elecciones brasileñas de 2018, fue parte de una larga serie de arbitrariedades judiciales que junto a las maniobras del establishment económico y mediático y los pronunciamientos de la cúpula miliar abrieron el camino para el triunfo del ultraderechista Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil.
Esta complicidad entre la operación Lava Jato y el triunfo de Bolsonaro quedó en evidencia con el nombramiento del juez Moro como ministro de Justicia por parte del nuevo presidente.
El sitio The Intercept, dirigido por el periodista estadounidense Glenn Greenwald, a quien el ex analista de la CIA Edward Snowden reveló los programas de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), tuvo acceso a las conversaciones mantenidas durante años entre fiscales y jueces de Brasil.
El medio publicó fragmentos de diálogos entre el fiscal Deltan Dallagnol y el exjuez Sergio Moro, que en 2017 condenó a Lula en primera instancia a nueve años y seis meses de prisión por supuestamente recibir un departamento en una playa de Sao Paulo a cambio de favores políticos a la constructora OAS.
Según The Intercept, las conversaciones privadas muestran que Moro sugirió a Dallagnol cambiar el orden de las fases de la operación Lava Jato, dio consejos y pistas a los fiscales encargados del caso, lo que está prohibido por ley.
La Lava Jato, que ha desencadenado procesos judiciales en varios países de América Latina, se caracterizó por unir el trabajo de un grupo de fiscales federales y del juez Moro en un solo equipo. Este aceleró las pesquisas y juicios que han condenado a un centenar de personas, entre ellas el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien cumple una pena de prisión en Curitiba desde hace un año.
Lo que revela The Intercept es que el actual ministro de Justicia orientaba las investigaciones del jefe de la Lava Jato, Deltan Dallagnol, para facilitar las condenas. The Intercept tuvo acceso a mensajes intercambiados entre los integrantes del proceso, enviados por una fuente anónima hace algunas semanas. Los archivos demuestran que Moro sugería fuentes, orden de las operaciones y tomaba un papel indirecto para coordinar los procesos que posteriormente juzgaría.
El reportaje, firmado por Greenwald y otros dos periodistas, cuestiona la imparcialidad del hoy ministro cuando era responsable del juicio en primera instancia de varios casos de corrupción en Curitiba. Entre ellos, el del apartamento de Lula en un balneario de São Paulo, supuestamente comprado con dinero de sobornos de la constructora OAS, que se benefició de contratos de Petrobras.
En las conversaciones privadas obtenidas por The Intercept, “Moro recomendó al fiscal que cambiara el orden de unas etapas de la investigación, pidió agilidad en las operaciones, dio consejos estratégicos y pistas informales y anticipó al menos una decisión, criticó y sugirió recursos al Ministerio Público y retó a Dallagnol, como si él fuera un superior jerárquico de los fiscales y de la Policía Federal”.
“La Constitución estableció el sistema acusatorio, en el cual las figuras del acusador y del juzgador no pueden mezclarse. En ese modelo, el juez debe analizar de manera imparcial los argumentos de acusación y defensa. Las conversaciones entre Moro y Dallagnol demuestran que el actual ministro se entrometió en el trabajo del Ministerio Público”, afirma The Intercept.
El reportaje describe varios ejemplos de esas conversaciones. Uno de ellos es un mensaje del 21 de febrero de 2016 que habría sido enviado por Moro. “Hola, ante las últimas maniobras, tal vez sea oportuno invertir el orden de la dos etapas”, escribió el juez. Los autores de la publicación interpretan el texto como una probable mención a las fases de la Lava Jato.
Otros mensajes entre Moro y Dallagnol son del 13 de marzo de 2016, una época en la que se celebraron varias manifestaciones callejeras en contra del Gobierno de Dilma Rousseff. Algunos manifestantes pedían al juez “limpiar el Congreso”. “Enhorabuena por el inmenso apoyo público hoy. (...) Sus señales conducirán multitudes, incluso para las reformas que Brasil necesita, en los sistemas político y de justicia criminal (…)”, escribió Dallagnol. The Intercept seleccionó la siguiente respuesta de Moro: “Hice una manifestación oficial. Enhorabuena a todos nosotros (…). Aún desconfío mucho de nuestra capacidad institucional de limpiar el Congreso”.
El reportaje destaca una conversación entre el juez y el fiscal sobre la decisión de romper el secreto de las grabaciones hechas con autorización judicial al ex presidente Lula, que vincularon a la entonces presidenta Rousseff justo cuando se creía que Lula iba a ser nombrado ministro, en marzo de 2016, lo que se interpretó como un intento del Partido de los Trabajadores de dar inmunidad parlamentaria al ex mandatario durante la investigación judicial.
“La decisión de abrir [hacer públicos los mensajes entre Lula y Dilma] se mantiene incluso con el nombramiento, ¿confirma?”, preguntó Dallagnol en un mensaje. A lo que Moro respondió: “¿Cuál es la posición del MPF [Ministerio Público Federal]?”. La respuesta: “Abrir”. El episodio fue duramente criticado en el mundo jurídico. Moro fue amonestado por un ministro del Supremo por haber expuesto las comunicaciones.