La nueva ley, aprobada por el Senado el pasado 13 de noviembre, es un avance crucial en la protección de los derechos de las niñas y adolescentes. Según cifras oficiales, en 2023 se registraron 114 matrimonios en los que había menores involucrados. Esta realidad subraya la urgencia de medidas efectivas para prevenir uniones tempranas.
El matrimonio infantil tiene consecuencias devastadoras en la salud, educación y bienestar de las niñas. Aumenta el riesgo de violencia doméstica, embarazos precoces y complicaciones durante el parto. Además, limita sus oportunidades educativas y económicas, perpetuando ciclos de pobreza.
La aplicación de esta ley será un desafío. Será crucial trabajar en la sensibilización y educación comunitaria para erradicar prácticas arraigadas. La colaboración entre organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, como UNICEF, será fundamental para proteger a las niñas y adolescentes.
Este logro legislativo es solo el comienzo. Se requiere acción sostenida para garantizar que las niñas colombianas reciban la protección y oportunidades que merecen.
El Senado le dio su aprobación, el miércoles 13 de noviembre, tras múltiples intentos desde 2007. La ley se convirtió en oficial una vez que el presidente Gustavo Petro la sancione.