El fiscal federal Ramiro González imputó al ex presidente Alberto Fernández, al extitular de Nación Seguros SA, Alberto Pagliano, y a Héctor Martínez Sosa acusados por el presunto delito de malversación de fondos respecto a los sospechados negociados en la Anses con la contratación de seguros para los jubilados que tomaban créditos y las millonarias comisiones que se pagaron a intermediarios cercanos.
La causa iniciada por el fiscal es a raíz de la denuncia presentada por la abogada Silvina Martínez. El Ministerio Público Fiscal investiga la presunta malversación de caudales públicos, junto a al exfuncionario -y hombre de íntima confianza de Fernández- Alberto Pagliano, ex titular de Nación Seguros. También los acusa de violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
La fiscalía puso la lupa sobre la normativa que impuso la obligación al Sector Público Estatal de contratar servicios de seguros de forma exclusiva con la empresa pública “Nación Seguros SA”.
En ese sentido, según consta en la denuncia que dio origen al expediente judicial, se expuso que la trama de la contrataciones “opacas” reveladas a través de una publicación del diario Clarín, donde se aseguró que “Nación Seguros” subcontrató a un intermediario en el caso de los seguros de ANSES que resultó beneficiado con una comisión del 17%, es decir tres veces mayor a la del mercado.
Las ganancias por comisiones se habrían estimado en los 300 millones de pesos mensuales y $ 20.000 millones anuales.
La información revelada sostiene que Pablo Torres García (ANSES) y Héctor Martínez Sosa (esposo de la Secretaria de Alberto Fernández, María Cantero) habrían sido los “beneficiarios o intermediarios de dichas contrataciones, es decir quienes habrían obtenido importantes sumas de dinero a partir de los negocios emprendidos con el respaldo del mencionado Decreto”.
Ante la información que consta en la denuncia penal, el fiscal Ramiro González consideró que hay elementos suficientes para iniciar la investigación e imputar a los responsables de la maniobra, incluido el ex presidente Alberto Fernández.
Las medidas iniciales
Con la investigación en curso, el fiscal solicitó una serie de medidas de prueba, entre ellas solicitar a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y a la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación “que aporte los antecedentes, actuaciones y/o dictámenes jurídicos relacionados con el dictado del Decreto n° 823/2021".
Asimismo, se solicitaron todos los convenios o contrataciones realizadas desde las distintas reparticiones del Estado Nacional que suscribieron contratos de seguro y que se regían bajo la normativa que habilita la figura de los intermediarios.
Por otro lado, el fiscal solicitó que la Secretaría de Legal y Técnica, la Superintendencia de Seguros de la Nación “aporte datos relevantes en ese sentido, al tiempo que puede develar el interrogante sobre cuál era el porcentaje de mercado para ese tipo de operaciones”.
A “Seguros Nación” se le pidió que remita la “totalidad de contratos o convenios firmados con reparticiones públicas a partir del Decreto 823/2021, aportando todos los datos que se posean respecto a la participación de intermediarios entre ese organismo y la entidad gubernamental contratante”.
La Oficina Anticorrupción como querellante
Hay que recordar que este miércoles la Oficina Anticorrupción (OA) del gobierno de Javier Milei, pidió tomar vista de la causa.
Fuentes oficiales señalaron a Clarín que lo hicieron "para coordinar nuestro pedido de ser querellantes, lo que concretaremos en los próximos días".
Una vez que el juez resuelva dicha petición, la OA iniciará su intervención en la causa y "solicitaremos las medidas de prueba que permitan establecer qué maniobras delictivas se cometieron".
Por otro lado, la OA quiere que se determine "quiénes han sido los responsables de los hechos denunciados" sobre lo cual pedirán "que se clarifique quiénes se beneficiaron económicamente con estos hechos para reclamar también las reparaciones económicas que correspondan".