La movilización también reclamó la aplicación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, que se encuentran en la misma situación.
La caravana, que partió desde el Congreso de la Nación alrededor de las 14 horas, contó con autos, motos y bicicletas, y tuvo carácter abierto a toda la ciudadanía. A pesar del anuncio de bonos temporales de $450.000 para profesionales de la salud y $350.000 para personal administrativo, los trabajadores consideran que estas medidas son insuficientes mientras persiste la falta de implementación formal de las normas.
Norma Lezana, nutricionista infantil y secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), denunció que el Gobierno mantiene los salarios congelados, recorta programas y retiene fondos del personal en un fondo financiero, calificando la situación como “una provocación”.
“El Garrahan sigue funcionando gracias al esfuerzo de sus trabajadoras y trabajadores, no por los funcionarios que manipulan información en plena campaña política. Pedimos seriedad y respeto: el hospital no es una plataforma electoral ni un espacio propagandístico. Es la casa de miles de niñas, niños y adolescentes de todo el país y sus familias, que merecen inversión real, un Estado presente y salarios dignos”, expresó Lezana.
Los trabajadores advierten que, de persistir maniobras para impedir la aplicación de las leyes, convocarán a una Gran Jornada Nacional con paro. “Venimos de varias jornadas que muestran el mandato social: el Garrahan y la Universidad Pública no se vetan, se abrazan, se cuidan y se financian. Exigimos que, sin demoras ni maniobras, se apliquen las leyes en los términos aprobados por el Congreso”, concluyó la dirigente.
De qué trata la ley de Emergencia Pediátrica
El veto del presidente Javier Milei a la ley de Emergencia en Salud Pediátrica fue rechazado por el Congreso el 2 de octubre, pero el Ejecutivo aún no la implementó. La norma establece la asignación prioritaria de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud y la derogación de la resolución 2109/25 del Ministerio de Salud sobre el sistema de residencias. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la inversión anual estimada alcanza los $133.433 millones.
Esta movilización refuerza la presión de los trabajadores y de la sociedad civil para que se respeten las leyes aprobadas y se garantice la atención pediátrica y universitaria en Argentina.
