El Congreso portugués dio luz verde a un proyecto de ley que busca prohibir el uso de burka y otros velos integrales en espacios públicos, generando un intenso debate sobre libertad religiosa y derechos de las mujeres. La iniciativa fue impulsada por el partido ultraderechista Chega y plantea sanciones económicas para quienes porten estos atuendos, aunque se permite su uso en aviones, embajadas y lugares de culto.
Según la normativa aprobada, las multas por incumplimiento van desde 200 hasta 4.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción. Aunque la ley contó con el aval de sectores de la centroderecha, aún resta que el presidente Marcelo Rebelo de Sousa decida si la promulga, la veta o la remite al Tribunal Constitucional para su revisión.
De concretarse, Portugal se sumaría a otros países europeos como Francia, Austria, Bélgica y Países Bajos, donde ya existen restricciones sobre el uso de prendas que cubren la cara en espacios públicos. Aunque en Portugal el uso de burka y niqab es poco frecuente, la medida ha reavivado el debate sobre la integración cultural y los derechos de las mujeres musulmanas.
El partido Chega defendió la prohibición alegando que cubrir el rostro puede generar “situaciones de exclusión e inferioridad”, especialmente para las mujeres, y que resulta incompatible con los principios de libertad, igualdad y dignidad humana.
En contraposición, sectores progresistas criticaron la medida como una estrategia para apuntar contra extranjeros y personas de otras religiones. El diputado socialista Pedro Delgado Alves señaló que “nadie debe ser forzado a usar velo, pero tampoco se puede imponer restricciones que limiten la libertad de elección de las personas por su fe”.
El proyecto refleja la creciente tensión en Europa entre la seguridad, la integración cultural y la libertad religiosa. Ahora, el futuro de la prohibición en Portugal depende del análisis presidencial y podría convertirse en un nuevo capítulo en la discusión sobre convivencia, derechos humanos y diversidad en el continente.