Maximiliano Eduardo Roth, de 23 años, fue detenido acusado de fracturarle el cráneo a un bebé de apenas 11 meses, mientras cumplía una condena previa por violencia infantil.
Lo que agrava la situación es que Roth había sido excarcelado recientemente por decisión del juez de Ejecución Penal Nº 2 de Bahía Blanca, Onildo “Yiyo” Stemphelet. El magistrado le otorgó el beneficio a pesar de sus antecedentes: Roth cumplía una pena de tres años y un mes de prisión por golpear brutalmente a la hija de una expareja, hecho que también dejó a la menor con fractura de cráneo.
La resolución de excarcelación se basó en informes del Servicio Penitenciario que calificaban a Roth con “conducta 10” y “concepto bueno”. Entre las condiciones para su liberación figuraban asistir a un curso denominado “Deconstruyendo masculinidades”, someterse a controles psicológicos y abstenerse del consumo de drogas y alcohol.
Sin embargo, según consta en la denuncia, Roth no cumplió con esas condiciones: mantuvo privada de la libertad a su actual pareja, de 19 años, y atacó violentamente al hijo de ella. El bebé sufrió múltiples fracturas en el cráneo, lo que derivó su internación de urgencia en el Hospital Penna de Bahía Blanca, donde fue trasladado a terapia intermedia luego de permanecer en cuidados intensivos. Su estado es crítico pero estable.
La fiscal Claudia Lorenzo, de la UFIJ Nº 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca, imputó a Roth por “tentativa de homicidio” y solicitó su detención inmediata. El acusado se negó a declarar.
Este hecho generó un fuerte repudio en la comunidad y abrió nuevamente el debate sobre la actuación del juez Stemphelet, cuya trayectoria está marcada por la polémica: más del 90% de sus fallos de excarcelación son revocados por tribunales superiores y estuvo al borde de la destitución en 2023 tras un escándalo vinculado a un privado de la ciudad.
La resolución que benefició a Roth ya provoca cuestionamientos dentro del ámbito judicial bonaerense, donde se señala una preocupación creciente por la reincidencia de condenados liberados bajo su criterio. Organismos de derechos humanos y asociaciones civiles exigen ahora revisar las condiciones de excarcelación y reforzar los controles sobre quienes cumplen condenas por violencia de género e infantil.