Una de las principales novedades es la posibilidad de fraccionarlas y distribuirlas en distintos momentos del año, adaptándose tanto a las necesidades estacionales de producción como a los períodos de venta de cada empresa.
Actualmente, la legislación establece que las vacaciones deben otorgarse de manera continua dentro del período comprendido entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente, según la antigüedad del trabajador: 14, 21 o 28 días. Además, el empleador debe informar al empleado con un mínimo de 45 días de anticipación, salvo que la autoridad de aplicación autorice modificaciones excepcionales.
Con la reforma propuesta, las vacaciones podrían tomarse en cualquier momento del año hasta el 30 de abril siguiente, pero con ciertas reglas: cada período fragmentado no podría ser menor a una semana y el aviso previo al trabajador sería de 21 días. Asimismo, se asegura que todo empleado pueda disfrutar de al menos una temporada de verano cada dos años.
Otro punto destacado de la iniciativa es la posibilidad de que parejas que trabajen en la misma empresa coordinen sus vacaciones de manera conjunta, buscando mayor flexibilidad y conciliación familiar.
Desde el Gobierno aseguran que estas medidas buscan equilibrar la protección de los derechos laborales con la necesidad de que las empresas puedan organizarse según la demanda de producción y ventas, promoviendo así un esquema más moderno y adaptable al mundo laboral actual.