Sin embargo, las nuevas facultades, como el patrullaje digital sin autorización judicial y la posibilidad de detenciones preventivas de hasta 10 horas, generan fuertes críticas y alarma en organizaciones de derechos humanos.
¿Qué cambia en la PFA?
Patrullaje en redes sociales sin orden judicial: La policía podrá monitorear espacios digitales públicos —como Facebook, Twitter o sitios web— para prevenir delitos, sin necesidad de permiso judicial previo. Aunque el decreto asegura el respeto por la privacidad y libertad de expresión, expertos advierten que la norma puede abrir la puerta a una vigilancia masiva y a la persecución de opiniones críticas.
Detenciones preventivas sin autorización judicial: La reforma habilita a la policía a detener por hasta 10 horas a personas que no puedan acreditar su identidad y sobre quienes existan “fundamentos” para sospechar participación en delitos. Se notificará a un juez y el detenido podrá comunicarse con alguien de confianza, pero especialistas advierten que la redacción ambigua puede habilitar detenciones arbitrarias y abusos policiales.
Creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI): Inspirado en el FBI y la Policía Federal de Brasil, el DFI se concentrará en delitos complejos como narcotráfico, trata de personas y crimen organizado, con nuevas unidades especializadas.
Modernización y control interno: La reforma incluye cambios en la estructura jerárquica, ascensos y mecanismos internos para combatir la corrupción. También prevé mayor despliegue en provincias con alta criminalidad, como Rosario.
Reacciones y contexto político
La reforma llega en un momento de alta tensión política, tras la gira internacional de Milei y en vísperas de la presentación judicial de Cristina Kirchner, que moviliza a su militancia. Mientras el oficialismo defiende la reforma como una herramienta necesaria para combatir el crimen organizado, organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advierten que puede potenciar abusos, detenciones arbitrarias y violaciones a derechos humanos.
El debate político aún está abierto, ya que la reforma debe ser publicada antes del 8 de julio, cuando caducan las facultades delegadas al Ejecutivo para legislar en materia de seguridad. Especialistas coinciden en que un cambio de esta magnitud requiere discusión parlamentaria y garantías para proteger los derechos ciudadanos.