La medida responde a la nueva normativa implementada por Anses y se enmarca en una serie de acciones que, según Sáenz, buscan “defender los intereses de los argentinos”, en sintonía con la reforma migratoria impulsada por el gobierno nacional encabezado por Javier Milei.
“Insistimos en la necesidad de dar de baja los planes sociales de ANSES a aquellos extranjeros que los cobran sin vivir en nuestro país”, afirmó el mandatario provincial. También destacó que su gobierno está colaborando con la administración nacional “para que eso sea posible”. El anuncio fue rápidamente respaldado por el presidente Javier Milei, quien lo compartió en sus redes sociales, y por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien también expresó su apoyo a la iniciativa.
Salta, provincia limítrofe con Bolivia y Paraguay, cuenta con pasos fronterizos de alta circulación como Salvador Mazza y Aguas Blancas, donde se registra un intenso flujo migratorio y comercial. Por eso, las autoridades provinciales vienen reclamando desde la asunción de Sáenz, la necesidad de controlar el acceso a beneficios sociales a personas que no residen de forma permanente en el país.
La reforma migratoria nacional, además de esta medida, incluye la agilización de procesos de expulsión para personas con antecedentes penales, la revisión de normativas de residencia y la exigencia de declaraciones juradas a los extranjeros al ingresar, comprometiéndose a respetar los motivos de su entrada.
Se reforzó el control sobre la documentación migratoria para asegurar que sea auténtica y veraz, y se endurecieron las sanciones para quienes ingresen de manera irregular o presenten documentos falsos. También, se contempla que las universidades públicas puedan cobrar aranceles a estudiantes extranjeros sin residencia permanente.
Una novedad importante de la reforma es la creación de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, destinada a atraer capitales extranjeros mediante la concesión de la ciudadanía a quienes realicen inversiones significativas, con el objetivo de fomentar la inversión extranjera y generar empleo para el crecimiento económico del país.
Con estas medidas, tanto la provincia de Salta como el gobierno nacional apuntan a fortalecer el control migratorio, proteger los recursos públicos y garantizar que los beneficios sociales sean destinados prioritariamente a los argentinos residentes.