La medida, oficializada a través de la Resolución 777, apunta a que la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal comiencen a rastrear en forma simultánea los bienes y movimientos financieros detrás de delitos graves como el narcotráfico, la corrupción, el lavado de dinero, la trata de personas, la evasión impositiva, el contrabando y hasta el financiamiento del terrorismo.
Según explicaron desde la cartera que conduce el Ministerio de Seguridad, el objetivo es claro: desmantelar la estructura económica de las organizaciones criminales, atacar su capacidad operativa y recuperar activos obtenidos de forma ilícita.
Además, cada fuerza deberá reportar mensualmente los avances de estas investigaciones a la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, con datos estadísticos y de seguimiento.
Este cambio de estrategia responde a una necesidad urgente: dejar de combatir solo los delitos visibles y apuntar directamente al corazón financiero de las mafias. Sin recursos, sin bienes y sin respaldo económico, aseguran desde el Ministerio, las organizaciones pierden poder y capacidad de regeneración.
En momentos en que los argentinos exigen respuestas firmes ante el avance del delito complejo y la impunidad financiera, el gobierno busca demostrar que la Justicia no solo puede encarcelar, sino también confiscar lo robado al Estado y a la sociedad.