Todo comenzó el pasado 19 de mayo, cuando una joven denunció ante la Justicia que una conocida la había vinculado con una mujer apodada “La Clona”, quien la convenció de ofrecer servicios sexuales a cambio de altas sumas de dinero. Sin embargo, el negocio ocultaba una estructura criminal: la denunciante debía pagar $30.000 diarios para poder trabajar, más otros gastos como $3.000 para la creación de un perfil en el sitio Skokka —plataforma usada frecuentemente para publicitar prostitución— y $2.500 en insumos diarios.
Pero la situación se tornó más oscura cuando, durante una jornada, fue obligada a enfrentar a cinco hombres que pretendían mantener relaciones sexuales grupales. Aterrada, la víctima abandonó el lugar y acudió a la Justicia, lo que activó la investigación.
Gracias a tareas de inteligencia y vigilancia, se confirmó la existencia de una red dedicada a la explotación sexual de mujeres mayores de edad, en una vivienda de planta baja de la ciudad de La Plata.
Este martes, la Policía concretó cuatro allanamientos simultáneos en distintos domicilios, con el apoyo del equipo de la Dirección Provincial de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata. Como resultado, seis mujeres fueron rescatadas: dos argentinas de 25 y 28 años y cuatro ciudadanas paraguayas de entre 24 y 45 años, domiciliadas en La Plata, Berisso, Avellaneda y Berazategui.
La causa, caratulada como "trata de personas mayores", está a cargo de la UFIyJ N°5, con el fiscal Juan Ignacio Menucci, y fue autorizada por el Juzgado de Garantías N°1, del juez Guillermo Atencio.
Las principales imputadas son:
- Erika Anabella Martínez, alias “La Clona” (28), identificada como la madama y principal responsable del prostíbulo.
- Priscila Jazmín Martínez Veliz (25), señalada como la encargada de crear y administrar los perfiles en Skokka.
- Macarena Aixa Cabello (32), apuntada como la facilitadora y captadora de mujeres.
Este caso vuelve a poner en evidencia el funcionamiento silencioso pero letal de las redes de trata que aún persisten en el país, disfrazadas de oportunidades y respaldadas por entornos digitales que permiten el anonimato. La intervención oportuna de la víctima y el accionar coordinado de la Justicia fueron clave para frenar este circuito de explotación.