La imputación forma parte de la causa iniciada por la comunicadora por “amenazas, intimidación pública, malversación de caudales públicos, apología del crimen y asociación ilícita”.
El fiscal investiga si los ataques fueron coordinados y financiados con fondos públicos, y si contaron con la organización de funcionarios del Gobierno. Asimismo, ordenó medidas para identificar y localizar a los responsables de las amenazas y proteger a Mengolini y su familia, incluyendo custodia policial y entrega de un botón antipánico. Se solicitó también a las plataformas de redes sociales información sobre los posteos más violentos y sus autores.
La periodista había sido blanco de ataques en redes sociales, incluyendo un video manipulado con Inteligencia Artificial que difundía información falsa sobre su vida personal. En declaraciones ante la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados, Mengolini relató la “tortura” que significó soportar esta campaña de odio y desinformación, asegurando que fue “orquestada desde las más altas esferas del Estado”.
En su cuenta de X, el referente social Juan Grabois destacó: “Milei, Lemoine, funcionarios y twitteros libertarios, imputados. La justicia investiga la utilización de fondos públicos para financiar una red de terrorismo psicológico paraestatal”.
Mengolini describió la situación como una experiencia persistente de hostigamiento, donde fue presentada como un personaje “extraño, siniestro” a través de recortes y manipulaciones, generando repulsión y odio hacia su persona.