El Gobierno nacional denunció ante la Justicia Federal un presunto plan de espionaje ilegal luego de que el viernes pasado se difundieran audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del jefe de Estado. La administración libertaria calificó la maniobra como un intento de “golpe blando” y aseguró que se trata de una operación de inteligencia clandestina con fines desestabilizadores.
El anuncio lo hizo este lunes el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada. “Lo que ocurrió no fue una filtración. Se trató de una operación de inteligencia ilegal, prohibida por ley, con el único objetivo de condicionar al Poder Ejecutivo y generar inestabilidad”, sostuvo.
Las grabaciones, publicadas en el canal de streaming Carnaval por el periodista Mauro Federico, no incluyen revelaciones explosivas, pero muestran a Karina Milei hablando de la necesidad de unidad interna y de la intensidad de su trabajo diario en el Gobierno.
“No podemos entrar en la pelea entre nosotros. Tenemos que estar unidos, imaginate”, se escucha decir en uno de los fragmentos. En otro, comenta que trabaja hasta altas horas en Casa Rosada.
Aunque los dichos no contienen datos de gestión sensibles, en el Ejecutivo temen que sea apenas “la punta del iceberg” y que existan más registros en los que aparezcan ministros o funcionarios de alto rango.
En Balcarce 50 interpretan el episodio como una señal mafiosa: “Si lo hicieron con Karina, que es la persona más cercana al Presidente, lo pueden hacer con cualquiera”, señaló un funcionario con acceso al despacho presidencial.
La filtración ocurre en un contexto delicado para el oficialismo: por un lado, la campaña electoral rumbo a las legislativas de octubre, y por otro, la reciente crisis en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde se investiga un caso de supuestos sobornos en la adjudicación de contratos.
Para el círculo íntimo de Milei, la operación busca “erosionar la credibilidad del Gobierno y sembrar desconfianza dentro del gabinete en un momento clave”.
La presentación fue realizada por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, a través del director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales, Fernando Oscar Soto. El escrito se presentó en los tribunales federales de Comodoro Py.
“Allanar estas prácticas equivale a legalizar la extorsión política y periodística travestida como ejercicio de la libertad de prensa”, sostiene el documento. Según el Gobierno, los hechos denunciados configuran un “ataque directo a la institucionalidad y un intento de manipular la opinión pública mediante una operación prohibida por la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional”.
- Medida cautelar inmediata: prohibir la difusión, reproducción y circulación de los audios ya conocidos y de otros que pudieran surgir.
- Investigación del origen de las grabaciones: determinar dónde y cómo fueron realizadas.
- Individualización de responsables: establecer quiénes planificaron, ejecutaron y difundieron la maniobra.
El tema encendió las alarmas de seguridad dentro del Palacio de Gobierno. El propio Presidente ordenó reforzar los protocolos de control en las oficinas más sensibles y pidió un relevamiento del equipamiento de comunicaciones.
“Lo grave no es lo que dicen los audios, lo grave es que alguien pudo grabar dentro de la Casa Rosada y distribuir ese material a medios. Eso es un mensaje mafioso y un atentado a la democracia”, señaló una fuente oficial.
Además, trascendió que ya circulan versiones sobre posibles nuevas filtraciones que incluirían a ministros de Economía, Defensa y Seguridad.
Los episodios de escuchas y operaciones de inteligencia paralela tienen un largo historial en la política argentina. Desde la “SIDE paralela” en los años ’90, pasando por las denuncias contra el exespía Antonio Stiuso en la era kirchnerista, hasta el escándalo de la “Gestapo antisindical” en tiempos de María Eugenia Vidal, los casos de espionaje ilegal han marcado distintos períodos de gobierno.
En este sentido, la denuncia del oficialismo reaviva el debate sobre los límites de la libertad de prensa, la seguridad presidencial y el rol de los servicios de inteligencia.
La causa quedó radicada en el fuero federal y, según fuentes judiciales, se espera que en los próximos días se definan las primeras medidas de prueba. El Gobierno insistirá en que se trata de “un intento de golpe blando” y que está en riesgo “la seguridad del sistema democrático”.
Mientras tanto, en los pasillos de Casa Rosada reina la tensión: nadie sabe con certeza si los audios de Karina son un hecho aislado o el inicio de una seguidilla de filtraciones que podría complicar aún más la gestión de Milei.