El Poder Ejecutivo promulgó la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, pero al mismo tiempo comunicó que su aplicación queda suspendida hasta que el Congreso asigne fuentes de financiamiento en el Presupuesto 2026.
La decisión fue formalizada a través del Decreto 681/2025, que invoca el artículo 5° de la Ley 24.629 —toda ley con gasto queda suspendida hasta la inclusión de partidas presupuestarias— y el artículo 38 de la Ley 24.156, que exige precisar la fuente de financiamiento.
La norma, aprobada por insistencia parlamentaria tras haber sido vetada en agosto, declara la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026 (prorrogable por un año) y contempla medidas clave:
- Creación de la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, equivalente al 70% del haber mínimo y compatible con empleo hasta dos salarios mínimos.
- Garantía de cobertura de salud a través del Programa Incluir Salud y de las prestaciones de la Ley 24.901.
- Declaración de interés público de los servicios de prestadores de discapacidad y compensación de emergencia por la brecha entre aranceles e inflación 2023–2024.
- Exención del 50% de contribuciones patronales por tres años para empleadores que contraten trabajadores con discapacidad.
- Fortalecimiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en auditorías, certificación y transparencia.
El costo fiscal de la ley
Según cálculos oficiales, la implementación plena de la norma demandará $3,01 billones en 2025, equivalente al 0,35% del PBI. Los principales componentes son:
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PNC por Discapacidad: $2,16 billones en 2025 (0,26% del PBI).
- Programa Incluir Salud: $574.200 millones (0,07% del PBI).
- Compensación a prestadores: $278.323 millones (0,03% del PBI).
- El Gobierno aclaró que el crédito disponible asciende a $2,3 billones, monto insuficiente para cubrir la totalidad de la ley sin afectar otras áreas de Servicios Sociales.
Hasta que el Congreso asigne recursos específicos, quedarán frenadas:
- Las altas y conversiones de la nueva pensión no contributiva.
- La compatibilidad laboral de las PNC y las rehabilitaciones inmediatas.
- La compensación a prestadores de discapacidad por la brecha inflacionaria.
- Nuevas incorporaciones al Programa Incluir Salud en el marco de la ley.
- El despliegue operativo de ANDIS para auditorías y metas de transparencia.
Con este esquema, la promulgación de la ley marca un avance político tras semanas de tensión, pero su aplicación efectiva dependerá de la discusión presupuestaria que se dará en el Congreso en los próximos meses.