Las tratativas se desarrollan en el marco de una política migratoria cada vez más dura impulsada por la administración de Donald Trump, que ha puesto en marcha un amplio y agresivo operativo de deportaciones, incluyendo el despliegue de agentes migratorios en distintas ciudades de Estados Unidos, en algunos casos con consecuencias fatales.
En paralelo, el gobierno argentino, encabezado por el presidente Javier Milei, ha intensificado su discurso contra la inmigración, afirmando haber alcanzado cifras récord de expulsiones y ordenando operativos de control migratorio en los suburbios de Buenos Aires. Las fuentes que detallaron los alcances del acuerdo hablaron bajo condición de anonimato, dado que se trata de negociaciones reservadas.
Aunque el entendimiento aún no fue formalizado, las conversaciones reflejan el interés del presidente Milei en fortalecer su alineamiento político con Estados Unidos y respaldar la ofensiva migratoria de Trump, aun cuando esto podría entrar en tensión con su propia agenda interna en materia migratoria.
La administración estadounidense ha recurrido con mayor frecuencia a los denominados acuerdos de “deportación a terceros países”, una herramienta que busca, por un lado, desalentar el ingreso irregular de migrantes a Estados Unidos y, por otro, facilitar la expulsión de personas provenientes de países con los que Washington enfrenta dificultades diplomáticas o problemas para obtener documentación de viaje. En ese marco, Estados Unidos ya ha deportado migrantes de distintas nacionalidades a países como Costa Rica, El Salvador, Esuatini y Panamá, pese a que estas prácticas han sido cuestionadas judicialmente.
De acuerdo con registros oficiales, el vicecanciller argentino en funciones, Juan Navarro, presentó este mes una propuesta para avanzar en el acuerdo, mientras que el canciller Pablo Quirno habría asumido compromisos formales ante autoridades estadounidenses para concretarlo. El eventual convenio permitiría a Estados Unidos trasladar ciudadanos extranjeros a Argentina, con la posibilidad de que desde allí se les ofrezcan vuelos de retorno a sus países de origen.
Según uno de los funcionarios estadounidenses involucrados en las conversaciones, Argentina aceptaría principalmente a personas detenidas cerca de la frontera poco después de haber ingresado de manera irregular a territorio estadounidense.
En este contexto, trascendió que uno de los lugares que se evalúan como posible destino para alojar a inmigrantes deportados sería la ciudad de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego. Las versiones indican que podría contemplarse la reactivación de la histórica cárcel del Fin del Mundo como centro de alojamiento transitorio, una posibilidad que generó inquietud y debate por el fuerte peso simbólico e histórico del antiguo penal.
Estas especulaciones se vieron reforzadas por la reciente visita a Ushuaia de un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que arribó a la isla con políticos y funcionarios norteamericanos a bordo. El hecho despertó interrogantes sobre el alcance de los acuerdos bilaterales en discusión, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial por parte de los gobiernos de Argentina ni de Estados Unidos respecto del uso de Ushuaia o de instalaciones penitenciarias con este fin.
Fuentes oficiales indicaron que aún restan definir aspectos clave del acuerdo, como su implementación, el impacto financiero para Argentina en un contexto de ajuste presupuestario y la falta de infraestructura adecuada para alojar y trasladar migrantes. Además, el gobierno argentino manifestó preocupación por una eventual reacción adversa de la opinión pública, en un país con una larga tradición inmigratoria.
De concretarse el acuerdo, Argentina se sumaría a otros países sudamericanos que ya firmaron entendimientos similares con Estados Unidos, como Paraguay y Ecuador, cuyos gobiernos también mantienen afinidad política con Trump. En septiembre pasado, además, Washington ofreció a Argentina un respaldo financiero de 20 mil millones de dólares, considerado clave para fortalecer la posición del presidente Milei de cara a las elecciones legislativas.
Durante gran parte de su historia moderna, Argentina concibió la inmigración como un pilar de su identidad nacional. Sin embargo, en su intento de posicionarse como referente de la derecha global, Milei ha adoptado un discurso más crítico hacia la migración masiva. En una entrevista reciente, afirmó que cuando los inmigrantes “no se adaptan a la cultura, es una invasión”, una definición que también comenzó a ser replicada por sectores de su espacio político.
Este cambio de enfoque se ha traducido en propuestas para restringir el acceso de migrantes a servicios públicos y en una política migratoria más centrada en la seguridad, el control fronterizo y la aceleración de deportaciones, marcando un giro significativo respecto de la tradición histórica del país.