Los documentos, publicados el 30 de enero por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, "sugieren la existencia de una empresa criminal global" y evidencian "implicaciones aterradoras sobre el nivel de impunidad para estos crímenes", señalaron los expertos en un comunicado conjunto.
Ante esta situación, los relatores apelaron a "todos los tribunales nacionales e internacionales competentes" para investigar y enjuiciar a los presuntos responsables. Subrayaron que "es imperativo que los gobiernos actúen de manera decisiva para responsabilizar a los perpetradores" y que "nadie es demasiado rico o poderoso para estar por encima de la ley".
Los expertos también denunciaron "graves fallos" en la divulgación de los archivos, al no proteger la privacidad de las víctimas, lo que podría exponerlas a represalias, estigmatización o revictimización. Destacaron la necesidad de una investigación independiente e imparcial para determinar cómo estos crímenes pudieron ocurrir durante un periodo prolongado.
Entre los relatores firmantes se encuentran Reem Alsalem, relatora sobre violencia contra mujeres y niñas; Ana Brian Nougrères, relatora sobre derecho a la privacidad; y Gina Romero, relatora sobre libertad de reunión y asociación.
La ONU reafirma que la protección de las víctimas y la acción judicial efectiva son esenciales para prevenir que delitos de esta gravedad queden impunes y para enviar un mensaje contundente de que ningún crimen sexual sistemático contra mujeres y niñas puede tolerarse.