La advertencia fue realizada por el presidente de la compañía, Javier Madanes Quintanilla, mediante una carta enviada a la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN). En el documento, la empresa explicó que en el establecimiento se encuentra un acelerador lineal de electrones de uso industrial, un equipo que requiere estrictas condiciones de seguridad radiológica y supervisión especializada.
Según Fate, al no tener acceso al predio ni al personal capacitado para operar el dispositivo, la empresa no puede cumplir con las obligaciones establecidas en la licencia otorgada por el organismo regulador. “No podemos garantizar las condiciones de seguridad ni la diligencia debida necesarias respecto del equipo cuya licencia nos fue otorgada”, señaló la compañía.
La situación se da luego de que la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro revocara la orden de desalojo de la planta, que permanece ocupada desde el 19 de febrero por trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA).
El tribunal consideró que la ocupación se enmarca dentro del derecho constitucional de huelga, reconocido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y sostuvo que el conflicto debe tratarse como una disputa laboral y no penal.
En paralelo, el Ministerio de Capital Humano de Argentina confirmó que iniciará un sumario contra Fate por no haber abonado los salarios correspondientes a la segunda quincena de febrero durante el período de conciliación obligatoria. La medida podría derivar en multas que van del 50% al 2000% del salario mínimo por cada trabajador afectado.
Antes del cierre, la empresa contaba con 920 empleados, de los cuales unos 380 aún no aceptaron su salida, mientras la compañía continúa llevando adelante negociaciones individuales para intentar resolver el conflicto laboral.
