El caso, que generó fuerte indignación en redes sociales, avanzó a partir de una denuncia presentada por la fundación ambiental Sin Azul No Hay Verde, lo que derivó en la apertura de un expediente judicial para sancionar a los responsables.
Según se informó, el pescador sospechado de haber capturado al ejemplar ya fue identificado, luego de que el propio hecho se difundiera públicamente a través de imágenes compartidas en redes. La legislación provincial —Ley XI N° 72— prohíbe de manera terminante la extracción de esta especie, considerada clave para el equilibrio del ecosistema marino.
La titular de la Unidad Fiscal Ambiental, Florencia Gómez, confirmó que se trata de la primera denuncia penal en Chubut relacionada con la pesca de un tiburón protegido. La funcionaria destacó el impacto institucional del caso y subrayó la necesidad de que la sociedad comprenda la importancia de proteger especies vulnerables para evitar su desaparición.
La identificación del sospechoso se logró rápidamente gracias a un trabajo conjunto con la Brigada de Investigaciones de Rawson. Según explicó la fiscal, el hecho de que el propio autor haya difundido las imágenes permitió agilizar el proceso investigativo y avanzar con las primeras medidas judiciales.
Etapa preliminar y definición de competencia
Actualmente, la causa se encuentra en una fase de averiguación preliminar, donde los investigadores buscan reunir pruebas para evaluar una eventual imputación. Uno de los puntos clave es determinar el lugar exacto donde fue capturado el animal, ya que esto definirá si la investigación continuará en la órbita provincial o deberá pasar al fuero federal.
Impacto ambiental y llamado a la conciencia
Desde la fundación denunciante celebraron la rapidez del Ministerio Público Fiscal y remarcaron la importancia de aplicar de manera estricta las normas ambientales. Advirtieron que la pérdida de un ejemplar adulto de tiburón gatopardo implica un daño biológico significativo, debido a que se trata de un depredador tope con ciclos reproductivos lentos y baja tasa de fecundación.
Especialistas señalan que la desaparición de este tipo de especies puede alterar el equilibrio de toda la cadena alimentaria en el ecosistema costero patagónico. Por ello, consideran que el avance judicial representa una oportunidad para modificar conductas dentro de la comunidad pesquera y fortalecer la protección de la biodiversidad marina.
El caso también puso en evidencia el rol de la sociedad en la defensa del ambiente. La denuncia llegó a conocimiento de la organización ambiental a través de ciudadanos que compartieron la información, reflejando un mayor compromiso social con la conservación de la fauna marina.
El desarrollo de esta causa podría marcar un antes y un después en la protección del patrimonio natural en el Mar Argentino, sentando un precedente clave para sancionar delitos ambientales y garantizar la preservación de especies vulnerables.