El escándalo de la criptomoneda $LIBRA dio un salto judicial de magnitud. Tras las revelaciones contenidas en el peritaje al teléfono celular del lobista y broker Mauricio Novelli, la querella encabezada por el diputado Juan Grabois y el abogado Nicolás Rechanik presentó un escrito ante el juzgado interviniente exigiendo que el presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, sean citados a indagatoria como sospechosos.
El delito central que se les imputa es el de negociaciones incompatibles con la función pública, figura que el Código Penal argentino castiga con penas de uno a seis años de prisión. La querella no se limitó a los hermanos Milei.
El pedido se extendió al propio Novelli, a su socio Manuel Terrones Godoy y a Sergio Morales, exasesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
También alcanzó a Pía Novelli, hermana del lobista, y a la madre de ambos, Alicia Rafaele, señaladas por haber vaciado la caja de seguridad del joven broker el primer día hábil posterior al colapso de la criptomoneda.
Completan el listado de imputados reclamados el empresario jubilado Orlando Mellino, identificado como intermediario en los pagos del estadounidense Hayden Davis a Novelli, y el financista cripto Camilo Rodríguez Blanco, señalado por canalizar transferencias en criptoactivos hacia el exterior y facilitar efectivo para pagos que, según la querella, habrían llegado al jefe de Estado y a su hermana.
El núcleo de la acusación
El tipo penal invocado castiga al "funcionario público que directa o indirectamente se interese en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo".
La hipótesis principal de la querella apunta a la "existencia de intereses privados promovidos desde la máxima investidura del Poder Ejecutivo" para la comercialización de un activo digital que terminó defraudando a miles de inversores en todo el mundo. Para los abogados Grabois y Rechanik, no quedan razones para dilatar la convocatoria a indagatoria: la causa acumula un caudal probatorio suficiente para justificar la citación.
La pericia forense al celular de Novelli, realizada por los expertos Iván Nikiel e Ignacio Nolte Polledo, aportó el eslabón clave que conecta a los funcionarios con la operación.
Tres fases de la maniobra: La querella sistematizó la secuencia del fraude en tres etapas
Primera fase: la planificación. Entre los elementos más contundentes recuperados del celular de Novelli aparecen distintas copias de un borrador de «acuerdo confidencial» entre Milei y Davis, que el propio lobista se reenvió a sí mismo.
El documento estipulaba que el empresario estadounidense actuaría como asesor exclusivo del Presidente en criptomonedas y blockchain.
Los abogados aclararon que la ausencia de firmas no invalida el valor probatorio del borrador: los nombres, los propósitos y los requisitos allí volcados se confirmaron con los hechos posteriores.
Otro documento hallado en el bloc de notas del trader detallaba un esquema de pagos escalonados: 1,5 millones de dólares de adelanto; otros 1,5 millones por un tuit de Milei anunciando que Davis lo asesoraba; y 2 millones adicionales con la firma de un acuerdo que incluía al Presidente y a Karina Milei.
El encuentro entre Milei y Davis se concretó el 30 de enero de 2025 en la Casa Rosada. Ese mismo día, según la querella, Davis realizó dos transferencias por un total de 1 millón de dólares que habrían llegado a Novelli y Terrones Godoy, una a la hora de la reunión y otra, 42 minutos después.
Hay además dos borradores adicionales que evidencian una negociación extendida en el tiempo: uno del 21 de noviembre de 2024, entre Kelsier Ventures (la empresa de Davis) y los lobistas Novelli, Terrones Godoy y Morales; otro del 27 de noviembre, entre Kelsier Holdings Limited y los mismos operadores, que preveía reuniones privadas con Milei a cambio de apoyo a la empresa Cardano en Argentina.
Por ese último acuerdo existe una factura firmada por Pía Novelli a favor de Kelsier por 250.000 dólares.
La pericia confirmó además una relación previa y estrecha entre Novelli y los hermanos Milei que se remonta a 2021: el entonces candidato promocionaba la academia de trading del lobista (N&W Professional Traders) y participaba en capacitaciones. Karina Milei intervino activamente en la organización del Tech Forum, realizado en octubre de 2024 y presentado luego como antesala del lanzamiento de $LIBRA.
La querella también señaló que los Milei recibían pagos de Novelli antes de llegar a la Casa Rosada y que esa relación económica continuó durante la gestión.
En audios de julio y octubre de 2023, Novelli explicaba a su hermana cómo se abonaba a los «influencers» de la academia, a los que llamaba "sueldos".
Respecto de Milei decía ocuparse personalmente, y mencionaba montos de 2.000 dólares. Ya durante la presidencia, otro audio refiere un pago de 4.000 dólares destinado a Karina.
Según los registros, esos pagos se canalizaban en efectivo a través de la denominada «cueva» de Rodríguez Blanco.
Segunda fase: la ejecución.
El 14 de febrero de 2025, Milei promocionó públicamente $LIBRA desde sus redes sociales. El valor de la criptomoneda se disparó y colapsó en pocas horas. Las pérdidas reconocidas por el propio Davis ascendieron a al menos 100 millones de dólares.
Las comunicaciones frenéticas entre el Presidente, su hermana, el jefe de asesores Santiago Caputo y Novelli en los minutos previos y posteriores al lanzamiento, según la querella, descartan "cualquier hipótesis de desconocimiento o ajenidad por parte de los funcionarios públicos involucrados".
Tercera fase: el encubrimiento. Los peritos advirtieron que en los dispositivos de Novelli y Morales había conversaciones, archivos y mensajes eliminados.
Todos los grupos de WhatsApp entre los implicados y con Terrones Godoy estaban borrados, al igual que los intercambios con Charles Hoskinson, CEO de Cardano, quien había declarado públicamente que le pidieron dinero para acceder a Milei en el contexto del Tech Forum, con la promesa de que «cosas mágicas» ocurrirían.
La hermana y la madre de Novelli vaciaron las cajas de seguridad que él había abierto diez días antes del lanzamiento de $LIBRA en el Banco Galicia.
Los intermediarios Mellino y Rodríguez Blanco, según la querella, operaron como convertidores de criptoactivos en efectivo para borrar el rastro hacia los destinatarios finales. Mellino "administra un entramado societario con empresas en Argentina y España", mientras que Rodríguez Blanco, de nacionalidad colombiana y radicado en Buenos Aires, "habría gestionado una plataforma de criptoactivos utilizada para canalizar fondos hacia el exterior, con operaciones que coincidieron temporalmente con los movimientos en las cajas de seguridad de Novelli".
El fiscal demoró tres semanas
Un dato que la querella señala como grave: el fiscal Eduardo Taiano recibió el informe pericial completo el 9 de enero, pero los querellantes no tuvieron acceso a él hasta el 12 de marzo, una demora de más de dos meses sin justificación aparente.
Para entonces, Novelli ya había iniciado gestiones para que el peritaje fuera anulado, invocando argumentos que, según la querella, coinciden con los esgrimidos por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. La Secretaría General de la Presidencia negó la existencia de cualquier acuerdo entre Milei y Davis.
Para la querella, esa negativa configura un "ocultamiento institucional" que agrava el cuadro.
Distribución de responsabilidades
El escrito querellante precisó cómo se distribuiría la responsabilidad penal de cada uno de los imputados: "Respecto de Javier Milei y Karina Milei, la prueba apunta a su participación directa en las negociaciones y en los actos de promoción institucional del proyecto.
Respecto de Novelli, Terrones Godoy y Morales, su rol como intermediarios y suscriptores del acuerdo con Davis los ubica como partícipes necesarios de la maniobra.
Respecto de Pía Novelli y María Alicia Rafaele, su intervención en los actos posteriores al colapso, emisión de facturas y vaciamiento de cajas de seguridad, los vincula, a priori, con el encubrimiento de la maniobra.
Respecto de Mellino y Rodríguez Blanco, "su actuación como conversores de criptoactivos en efectivo los vincula con la cadena de actos destinados a ocultar la identidad de los destinatarios finales de los fondos".
Puntos clave:
La querella Grabois-Rechanik pidió la indagatoria de Javier y Karina Milei por negociaciones incompatibles con la función pública, delito que prevé de uno a seis años de prisión.
El peritaje al celular de Novelli reveló borradores de un acuerdo confidencial entre Milei y Davis, pagos escalonados y transferencias millonarias vinculadas al lanzamiento de $LIBRA.
Las pérdidas de los inversores por el colapso de la criptomoneda ascendieron a al menos 100 millones de dólares, según reconoció el propio Hayden Davis.
El fiscal Taiano demoró más de dos meses en dar acceso a la pericia a las partes querellantes, sin justificación conocida.
La Secretaría General de la Presidencia negó la existencia de cualquier acuerdo, en contradicción con los documentos hallados en el celular de Novelli.