La decisión quedó formalizada a través del Decreto 253/2026, publicado en el Boletín Oficial, y establece un nuevo esquema en el que las provincias podrán administrar, mantener y licitar obras sobre rutas bajo su órbita, sin que el Estado nacional pierda la titularidad.
Qué provincias podrán aplicar el nuevo sistema
Las jurisdicciones habilitadas para avanzar con este modelo son:
- Corrientes
- Santa Fe
- Córdoba
- San Luis
- Mendoza
- Río Negro
- Neuquén
- San Juan
- Santa Cruz
Estas provincias podrán otorgar concesiones de obra pública a empresas privadas, mixtas o entes públicos, financiadas a través del cobro de peajes.
Cómo funcionará el nuevo esquema
El objetivo central de la medida es descentralizar las funciones operativas del sistema vial, permitiendo que cada provincia gestione de manera directa la infraestructura en su territorio.
Sin embargo, el decreto deja en claro que:
- El Estado nacional mantiene la propiedad de las rutas
- No se transfiere la jurisdicción federal
- La delegación es funcional, limitada, temporal y revocable
Cada provincia deberá firmar convenios individuales con la Dirección Nacional de Vialidad, donde se definirán los tramos específicos y los planes de obra.
Plazos, controles y condiciones
El esquema contempla una serie de requisitos y límites:
- Los contratos no podrán superar los 30 años
- Deberán garantizar transparencia, competencia y razonabilidad tarifaria
- Se exigirá equilibrio económico-financiero en las concesiones
Además, el Ministerio de Economía de la Nación Argentina será la autoridad de aplicación, mientras que Vialidad Nacional supervisará el cumplimiento de los contratos.
Un punto clave: si una provincia no convoca a licitación dentro del plazo de un año desde la firma del convenio, perderá la delegación sobre ese tramo.
La medida abre la puerta a una mayor presencia de peajes en rutas nacionales, aunque con gestión provincial.
El Gobierno sostiene que este modelo permitirá mejorar el mantenimiento, acelerar obras y optimizar recursos. Sin embargo, también plantea interrogantes sobre el costo para los usuarios y la implementación efectiva en cada distrito.
Con este decreto, el Ejecutivo avanza en una reconfiguración del sistema de rutas en la Argentina, apostando a una mayor participación de las provincias en la administración de la infraestructura.
El impacto real dependerá de cómo cada jurisdicción implemente los convenios, las obras que se ejecuten y el equilibrio entre inversión y tarifas para los usuarios.