La resolución judicial, que ya no admite nuevas apelaciones, representa uno de los casos más impactantes en materia laboral de los últimos años.
Lejos de un comunicado extenso o una nueva ofensiva legal, la respuesta de su fundador, Orlando Canido, fue breve y contundente: “Se pagará”. Con esa frase, el empresario dejó en claro que la compañía asumirá el golpe económico de más de $800 millones.
La decisión fue tomada por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que rechazó el último recurso presentado por la firma Refres Now, encargada de comercializar la marca.
Los jueces consideraron que no existía una cuestión federal que justificara la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, dejando firme la sentencia que ordena el pago de $807.676.293,72.
Además, la empresa deberá cumplir con el depósito en un plazo de cinco días hábiles, bajo apercibimiento de que la deuda continúe incrementándose por intereses.
Cómo se originó el conflicto
El caso se remonta a una demanda iniciada por un exvendedor que trabajó como distribuidor en Mendoza, San Juan y La Pampa entre 2013 y 2022.
El trabajador denunció irregularidades en su registración laboral, señalando que su vínculo real con la empresa comenzó antes de lo formalmente declarado. También acusó descuentos indebidos y maniobras vinculadas a evasión previsional.
La demanda prosperó en la Justicia laboral, que reconoció el despido indirecto y fijó una indemnización inicial que, con el paso del tiempo y la acumulación de intereses, alcanzó cifras millonarias.
En una primera instancia, la Cámara Segunda del Trabajo de San Rafael había fijado una indemnización cercana a los $1.500 millones. Sin embargo, el máximo tribunal mendocino recalculó el monto utilizando la tasa de préstamos personales del Banco Nación, lo que redujo la cifra final a poco más de $807 millones.
Aun así, los intereses representan la mayor parte del total, superando ampliamente el capital original reclamado en el expediente.
Durante el proceso, Canido cuestionó duramente los criterios judiciales y expresó su desconcierto por los montos establecidos. Según su visión, el trabajador no tenía la antigüedad ni el rol que finalmente reconoció la Justicia.
También vinculó el conflicto a cambios en la estructura comercial de la empresa, sugiriendo que el reclamo pudo haber surgido tras modificaciones en las zonas de distribución asignadas al empleado.
El caso reaviva la discusión sobre la litigiosidad laboral en Argentina y el impacto de las indemnizaciones en el sector privado. Desde la perspectiva empresarial, fallos de este tipo pueden comprometer la sustentabilidad de las compañías, mientras que desde el ámbito laboral se destacan como herramientas para garantizar derechos frente a irregularidades.
Con la sentencia firme y sin más instancias de apelación, la historia entra en su etapa final: la empresa deberá cumplir con el pago en tiempo récord, mientras el fallo ya se perfila como un antecedente clave en la jurisprudencia laboral reciente.