La medida, firmada por el jefe de Gobierno Jorge Macri, forma parte de un cambio de paradigma en la política social porteña. Según se informó oficialmente, la iniciativa apunta a “no condenar a las personas al asistencialismo” y promover la inserción laboral como vía para alcanzar autonomía económica, bajo un sistema que elimina la intermediación de organizaciones y establece pagos directos a los beneficiarios.
El nuevo programa alcanza a unas 5.000 personas e incluye un período de transición de un año hasta el cierre definitivo del esquema anterior. Durante ese tiempo, los beneficiarios deberán participar de instancias de capacitación educativa y laboral como condición para mantener el acceso al beneficio.
En el proceso de revisión del sistema vigente, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat detectó y dio de baja a 1.274 beneficiarios irregulares. Según datos oficiales, el esquema previo se articulaba mediante convenios con 85 organizaciones y representaba un gasto anual cercano a los $10.000 millones.
El nuevo modelo reemplaza el pago mensual tradicional por un sistema en el que la capacitación pasa a ser un requisito central. Para ello, la Ciudad estableció acuerdos con empresas y cámaras empresariales de distintos sectores, como servicios, salud, hotelería y mantenimiento. Entre las firmas involucradas se encuentran Hilton, Limpiolux, Farmacity y Trasa, además de universidades que colaborarán en la formación y prácticas laborales.
El ministro de Desarrollo Humano, Gabriel Mraida, destacó que el objetivo es “devolver dignidad” a los beneficiarios y cuestionó el esquema anterior al señalar que muchas personas cobraban sin una contraprestación vinculada al trabajo. En ese sentido, remarcó que el nuevo enfoque busca generar oportunidades reales de empleo y desarrollo.
Asimismo, el Gobierno porteño informó que auditorías recientes detectaron irregularidades en el sistema de comedores sociales, incluyendo más de 5.000 raciones mal asignadas, beneficiarios fallecidos y casos de personas con ingresos elevados dentro del padrón. Estos hallazgos derivaron en el cierre de 40 comedores y en el refuerzo de los mecanismos de control.
El programa se estructura en cuatro ejes principales: formación obligatoria, carácter transitorio con un plazo máximo de un año, articulación con el sector privado para prácticas laborales y criterios de elegibilidad más estrictos. Los pagos serán realizados de manera directa y el incumplimiento de las condiciones implicará la pérdida del beneficio.
Desde la administración porteña sostienen que este nuevo esquema apunta a reducir la intermediación, evitar el mal uso de los recursos públicos y avanzar hacia un modelo centrado en la transparencia y la inserción laboral, con el objetivo de dejar atrás políticas asistencialistas y priorizar la autonomía económica de los beneficiarios.