Ambos proyectos forman parte de una agenda legislativa que apunta a introducir cambios en el sistema judicial y en el marco normativo vinculado a derechos individuales, con foco en sanciones más severas y reglas más claras.
Falsas denuncias: penas más duras y nuevos agravantes
El proyecto sobre falsas denuncias propone penas de hasta seis años de prisión para quienes mientan ante la Justicia, con el objetivo de desalentar este tipo de prácticas y sus consecuencias.
Además, incorpora agravantes en casos vinculados a cuestiones de género, menores de edad y delitos sexuales. También prevé sanciones más severas cuando las denuncias falsas generen perjuicios concretos, como detenciones indebidas o restricciones injustificadas.
Desde el entorno de la iniciativa remarcan que el objetivo es “terminar con los abusos” y evitar que acusaciones sin sustento afecten la vida de personas inocentes, tanto en el plano judicial como social.
Propiedad privada: cambios en expropiaciones y desalojos
En cuanto al proyecto sobre propiedad privada, el Gobierno nacional impulsa una serie de modificaciones para limitar la discrecionalidad del Estado y reforzar la seguridad jurídica.
Entre los principales puntos, se plantea endurecer los requisitos para las expropiaciones, agilizar los procesos de desalojo y modernizar el sistema mediante la digitalización de trámites.
La iniciativa también busca establecer reglas más claras para garantizar el respeto al derecho de propiedad, en un contexto donde este tema ha generado debate en distintos sectores.
Con el dictamen ya alcanzado en el caso de las falsas denuncias y el inicio del tratamiento del proyecto sobre propiedad privada, ambos temas avanzan en el ámbito legislativo y se perfilan como ejes centrales de discusión en el Senado.
Las propuestas generan expectativas en algunos sectores y cuestionamientos en otros, en medio de un debate que combina aspectos jurídicos, sociales y políticos, y que continuará en las próximas semanas en el Congreso.