Este miércoles, el fiscal federal Gerardo Pollicita tomó declaración a José Luis Rodríguez, propietario de una de las casas que ocupó el funcionario junto a su familia. Según trascendió de fuentes judiciales, el hombre aportó detalles sobre contratos, pagos y extensiones del alquiler que ahora forman parte del expediente por presunto enriquecimiento ilícito.
La Justicia ya había determinado que Adorni alquiló una vivienda en ese barrio privado mientras realizaba importantes remodelaciones en otra propiedad comprada dentro del mismo country. El contrato original habría sido firmado en marzo de 2024 y se extendía por un año, con un valor total de 13.000 dólares.
Sin embargo, el testimonio incorporado recientemente reveló que la estadía se prolongó durante tres meses más debido a demoras en la finalización de las obras. Según declaró Rodríguez, por ese período adicional el funcionario abonó otros 2.400 dólares.
Además, el propietario aseguró que no fue la primera vez que Adorni alquiló la vivienda. Según explicó ante la Justicia, ya habían firmado previamente un contrato temporal en octubre de 2023, antes de la asunción presidencial de Javier Milei. Ese alquiler correspondió a los meses de enero y febrero de 2024 y habría tenido un costo de 5.600 dólares.
De acuerdo a la documentación aportada, todos los pagos se realizaron en efectivo y en moneda extranjera. También se entregaron conversaciones de WhatsApp y copias de los contratos firmados entre ambas partes durante los últimos años.
Con estos nuevos datos, la Justicia calcula que Adorni y su familia permanecieron durante aproximadamente 18 meses en viviendas alquiladas dentro de Indio Cuá, por una suma cercana a los 21.000 dólares.
La investigación también analiza el costo de las remodelaciones realizadas en la propiedad adquirida por el funcionario. Según consta en la causa, las obras habrían demandado alrededor de 245.000 dólares y estuvieron a cargo de un contratista particular entre septiembre de 2024 y julio de 2025.
A estos montos se suman las expensas correspondientes tanto a la vivienda alquilada como a la propiedad propia, que rondarían los 600 mil pesos mensuales cada una.
El expediente, que tramitan el fiscal Gerardo Pollicita y el juez federal Ariel Lijo, busca establecer si el crecimiento patrimonial del jefe de Gabinete se condice con sus ingresos declarados durante los últimos años.
En paralelo, la Justicia solicitó información sobre movimientos financieros y compromisos económicos tanto de Adorni como de su esposa, Bettina Angeletti. Según trascendió, la pareja tendría deudas superiores a los 335 mil dólares, gran parte con vencimiento previsto para este año.
Hasta el momento, Manuel Adorni no brindó declaraciones formales en sede judicial sobre el origen de sus bienes ni sobre las operaciones investigadas. Desde el oficialismo señalaron que el detalle patrimonial será presentado junto a las declaraciones juradas exigidas por la Oficina Anticorrupción, cuyo plazo fue extendido hasta el 31 de julio.