La diputada Marcela Pagano solicitó la detención del jefe de Gabinete Manuel Adorni por, supuestamente, "haber apretado a un testigo" previo a su declaración, en el marco de su denuncia por enriquecimiento ilícito.
La legisladora presentó la solicitud al juez Ariel Lijo, basada en la doctrina “Irurzun” por analogía agravada al funcionario en ejercicio. En ese sentido, lo acusa de haber contactado a un testigo clave, el contratista Matías Tabar, antes de que declarara bajo juramento.
La doctrina "Irurzun" es es un criterio judicial argentino que justifica la prisión preventiva de exfuncionarios o personas con poder si se presume que sus lazos funcionales o "relaciones residuales" pueden entorpecer la investigación penal.
Según la denuncia, Adorni le habría ofrecido “ayuda” y el contacto de su “equipo”, además de que se habrían borrado mensajes de WhatsApp vinculados a ese intercambio.
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