Más acá en el tiempo hemos asistido a sucesos relativamente graves en los cuales a un violador, por caso, los vecinos le destruyeron la casa o el auto y la policía tuvo que salvarlos de un probable linchamiento. Pero en la ciudad de Guaymallén, en la provincia de Mendoza, la intervención policial no impidió que a un arrebatador la turbamulta lo golpeara de tal modo, que una vez arribado a una dependencia policial, a los pocos minutos falleciera.
La furia desatada de grupos que se arrogan facultades suficientes como para juzgar, condenar y ejecutar a uno o varios individuos sin intervención de la Justicia es, a todas luces, algo muy peligroso que debe mover a reflexión por una parte y a un accionar de las autoridades por el otro para identificar y sancionar a los autores de lo que son, en definitiva, homicidios simples o más o menos calificados.
Sin pérdida de tiempo el linchamiento de Guaymallén debe convertirse en algo reprochable, susceptible de ser severamente sancionado. Lo señalado, antes que la gente se incline por glorificar a los linchadotes y a modo de “proceso en cadena”, la crónica policial se ocupe de plurales linchamientos en distintos lugares del país. Existen conglomerados poblacionales en los cuales están dadas las condiciones para el asesinato disfrazado de una falsa “justicia por mano propia”. Algo que le viene de perillas a los grupos de narcos que disputan territorio o practican “ajustes de cuentas”.
Cabe esperar que el accionar de la Justicia impida la proliferación de esta clase de delito. Los argentinos no merecemos semejante afrenta.