La Cámara de Apelaciones decidió anular la investigación por el denominado mega-fraude en Acción Social que recae sobre el auto interlocutorio que había emitido en el mes pasado el juez de Garantías, José Antonio Carma, por el cual había enviado a juicio oral a los funcionarios Pablo Córdoba Molas, quien era secretario de Desarrollo Social, al ex director de Políticas Juveniles, Roberto Regina y al titular de la Fundación Jóvenes en Progreso Carlos Arriazu.
En ese mismo interlocutorio, el juez había decidido el sobreseimiento total y definitivo de Hugo Diamante, que era presidente de la Fundación IDEIA, el ex tesorero general de la provincia, Juan Andrés Barrios, Nancy Madueño, Susana Beatriz de La Colina y María Cristina Barros, que también eran empleados del Área de Desarrollo Social y Contaduría General de la provincia, junto a Guillermo López y Liliana del Valle Jalil de La Barrera.
La nulidad fue planteada a través de una presentación que efectuó el abogado de Arriazu, Víctor García, quien planteó una incongruencia en el tratamiento de la causa.
La causa ahora deberá volver al juez José Antonio Carma, quien no fue apartado y seguirá interviniendo para resolver estas nulidades e emitir un nuevo auto interlocutorio a los fines de puntualizar si mantiene o no los sobreseimientos que han sido cuestionados y las elevaciones a juicio de los funcionarios y de Roberto Regina como titular de la Fundación Jóvenes en Progreso. Nuevamente se deberá dictar la elevación a juicio.