A prácticamente nueve años de una de las mayores tragedias viales del norte del país, los sobrevivientes y familiares de las 48 víctimas muertas en la denominada “Tragedia de El Totoral” aún esperan que la justicia llegue.
Si bien la causa penal fue archivada, la civil, que es en la que se investiga la responsabilidad de los policías del puesto caminero de El Portezuelo -control por donde ingresó y egresó el ómnibus de la tragedia-, todavía permanece abierta, sin que la Justicia haya dictado aún un fallo de primera instancia.
Sorpresivamente, luego de que se introdujeran las pruebas necesarias a través de la Justicia Federal tucumana y cuando todo hacía presumir que la Corte Suprema de Justicia de la Nación iba a dictar sentencia, el Máximo Tribunal se declaró incompetente y derivó tal responsabilidad a la Justicia ordinaria de Catamarca y Tucumán, las dos provincias demandadas.
Si bien los actores del proceso son los mismos en cada territorio, las sentencias sobre este hecho -ocurrido en septiembre de 2002 y que arrojó 48 muertos y 20 heridos- podrían ser contradictorias.
La demora en nuestra provincia se debe a que la jueza de Primera Instancia María Soria Acuña -designada por la Corte para que determine la existencia o no de la responsabilidad civil de Catamarca en el trágico accidente-, hasta la fecha no se expidió.
La causa es desconocida, por lo que los sobrevivientes y los familiares de las 48 víctimas muertas en la denominada “Tragedia de El Totoral” ya especulan con la posibilidad de trasladarse hacia nuestra provincia y manifestarse, como ya lo hicieron en Tucumán, para pedir justicia.
El desdoblamiento de la causa fue dictaminado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde donde se dispuso que sean los tribunales ordinarios de Catamarca y Tucumán los que determinen en su territorio sus responsabilidades civiles.
Es decir que la Justicia de Catamarca deberá expedirse solo en la responsabilidad que pudiera caberle a las autoridades locales, en razón de que el ómnibus de la tragedia -en el que viajaban casi 70 personas que venían desde el sur tucumano a visitar a la Virgen del Valle- pasaron en dos oportunidades por el puesto de control policial de El Portezuelo. Tanto en el ingreso como en el egreso, el colectivo fue observado por efectivos policiales, quienes pudieron y/o debieron advertir las irregularidades. Una de ellas fue el sobrepasaje, caracterizado por la presencia de sillas en el pasillo de la unidad y de pasajeros que viajaban parados.
En otras palabras, la responsabilidad civil de los funcionarios catamarqueños recae en no haber dado cumplimiento a las leyes vigentes y proceder a la retención del rodado, pudiendo así haberse evitado la mayor tragedia de los últimos años.
Según se calcula, el Estado catamarqueño enfrentaría alrededor de 33 juicios por falta de servicio debiendo afrontar, en caso de ser declarado culpable, un alto costo monetario a pagar en concepto de resarcimiento económico para los sobrevivientes o familiares de las víctimas, quienes el 15 de septiembre de 2002, cuando regresaban a Tucumán, murieron al desbarrancarse el micro en el que viajaban.
El juicio penal
El 25 de noviembre de 2005 Raúl Alfredo Oyola, propietario del colectivo que se desbarrancó en la cuesta del Totoral, fue absuelto por el beneficio de la duda de los cargos por presunto cohecho a policías de controles fronterizos. La medida fue dictada por los jueces del Centro Judicial Concepción de Tucumán José Luis Garzia y Raquel Asís, con la disidencia de Elena del Tránsito Grellet. Se había pedido una pena para el acusado de cuatro años y medio de prisión.
En cambio, dos policías del puesto fronterizo de Huacra -Manuel Garzón y Héctor Luján- fueron hallados responsables de incumplimiento de deberes de funcionario público. Se les impuso una condena de dos años de prisión de ejecución condicional más cuatro años de inhabilitación para acceder a cargos públicos, con el voto en contra del magistrado Garzia.
Al término de ese debate, Oyola tuvo que retirarse custodiado para evitar la ira de los sobrevivientes y parientes de las 49 personas muertas y 20 heridas por ese accidente de tránsito. El colectivo -en el que había más personas que su capacidad permitía- se quedó sin frenos y cayó al precipicio.