La denuncia radicó en describir los puntos que hacen inviable el intento de cobro de supuestas infracciones sobre la ruta nacional 38 sin la debida autorización o convenio con los organismos de control de la ley de tránsito 24449.
Del Pino denunció la carencia de tribunal de faltas, Juzgado Contravencional, convenios con Vialidad Nacional y a la Agencia Nacional de Tránsito, sumado a graves irregularidades en las notificaciones y la práctica repetitiva y amenazante a la ejecución y tendencia a generar un pago voluntario mucho menor del valor establecido arbitrariamente, haciendo incurrir en engaños y lesiones subjetivas a numerosos conductores.
En un intento de búsqueda de información en el Consejo Deliberante de Huillapima, del Pino no encontró respuestas sobre los montos recaudados hasta la fecha en la Caja del Banco Nación que se ofrece a los supuestos infractores, y si dichos montos habrían ingresado a las arcas del gobierno municipal.
Se estaría ampliando la denuncia con nueva documental y mencionando otros actores, solicitando pedidos de informes a distintas reparticiones a fin de lograr dilucidar si se estaría frente a una asociación ilícita.
Es de destacar, que de las pericias privadas que llevaron a cabo en Huillapima y Miraflores por conductores intimados, no se vislumbran carteles indicadores con la debida antelación ni mencionando la reducción progresiva de la velocidad, tal como lo establece la ley nacional de tránsito, instando todo a una maniobra recaudatoria por sobre un fin preventivo.
Asimismo, un grupo de infractores que abonaron las supuestas multas, se encuentran organizando una presentación penal y civil contra dichos funcionarios frente al daño y engaño que habrían sufrido.