A Catamarcactual le relató que “mi vida es un calvario, desde el día que inicie los trámites para el divorcio, algo que al principio fue en común acuerdo, ahora se transformo en una pesadilla. Yo siempre opte paciente y confiada por una resolución de la justicia, por el bien de mi marido y por supuesto la integridad de mis hijos que intenté que no se sientan afectados psicológicamente y emocionalmente por problemas de mayores; situación que ya no puedo sostener y sobrellevar, por las constantes amenazas verbales, con un vocabulario irreproducible que esgrime delante de mis hijos a los gritos y a oídos de toda la vecindad”, dijo.
La mujer confesó que fue objeto de golpes incluso “en la vía publica” y que las denuncias las radicó en la Unidad Judicial Nº 11 de Piedra Blanca con asistencia de un médico de policía de la provincia.
“Constantemente expresa que paga a personas para que les sirvieran de testigo y atestigüen que soy una mala madre con mis hijos y los abandonos, cuando en realidad trabajo en casas de familias, a donde pueden corroborar con mis patrones, tarea que debo realizar para llevar un sustento a mi hogar; porque a él se le ocurrió retirar la cocina, mercadería y otros inmobiliarios de la casa, sin pensar el daño que está causando”, dijo.
“Ahora me amenaza con una orden de exclusión que será emanada por el Juez de Paz, de Piedra Blanca, a quien dijo que le pago mil pesos para que me desalojen”, agregó.
“Yo les pregunto a la justicia, mi marido ERNESTO HERNANDEZ, de 52 años, con quien estoy separa de hecho hace más de cinco años, empleado Municipal, perteneciente a la Delegación de San Antonio, ¿seguirá gozando de la suficiente impunidad con todo lo que hace?. ¿O la justicia esperara a que ocurra una fatalidad? Que la justicia me diga por favor que debo hacer”, finalizó.
Las actuaciones de este caso están en la Fiscalía de la Mujer y el Menor, organismo judicial que debería tomar carta en forma inmediata, según nuestra opinión.