Por iniciativa de José Cáceres, el presidente de la Asociación de Víctimas y Familiares por Accidentes de Tránsito Catamarca (FAVIATCA), Julio Sánchez Reinoso, y el tesorero de la institución, Omar Ibáñez, deberán afrontar un juicio bajo las imputaciones de “privación ilegítima de la libertad” e “instigación”, por los hechos sucedidos durante una manifestación realizada frente a la Corte de Justicia Local, en noviembre de 2010. La causa fue elevada a juicio por el ahora fiscal de la Unidad de Delitos Correccionales, Javier Herrera, y mantiene como denunciantes a los ministros Amelia Sesto de Leiva y José Ricardo Cáceres.
Curiosamente, hace días José Cáceres dijo que se trabaja en un protocolo para cuando dos derechos se contraponen. Se refería al derecho a la protesta que les asiste a los antimineros en Tinogasta y a los perjudicados por los cortes de ruta. Pero él, Cáceres denunció y enjuició a los referentes de FAVIATCA porque lo demoraron unos minutos a la salida de Tribunales y su derecho personal al libre tránsito se perjudico frente al derecho a la protesta de los familiares de víctimas de accidentes de tránsito.
La imputación fue duramente cuestionada en su momento por los miembros de la Asociación y su abogada, Natalia Páez, ya que aseguraron que habría sido el propio Cáceres quien habría provocado a los miembros de FAVIATCA. Asimismo, se habló de que entre los testigos había más 16 testimonios tomados a los empleados de la Corte, y que se habrían subestimado luego los testigos presentados por los miembros de la Asociación.
En su momento, la causa fue iniciada por el fiscal Víctor Figueroa, a quien el propio Cáceres le habría manifestado que recibió amenazas por parte de los imputados, pero luego la imputación viró hacia los delitos de “privación ilegítima de la libertad” e “instigación”.
En cuanto al debate, trascendió que por la fecha del hecho, la causa cayó en el Juzgado Correccional Nº 2 a cargo del Juez Mario Varela. Sin embargo, y debido a que Sánchez Reinoso solicitó el año pasado un nuevo Juri de enjuiciamiento para el magistrado debido a una supuesta irregularidad cometida durante la sentencia por homicidio culposo de Ariel Rodríguez, Varela se inhibiría de actuar, por lo que sería el juez del Correccional de Primera Nominación, Marcelo Forner, quien deba juzgarlos.
La marcha Frente a la Corte de Justicia fue concretada aquella vez en reclamo por una mayor celeridad en la ejecución y fijación de fecha de debate por más de 20 homicidios culposos. Los participantes fueron familiares y amigos de las víctimas de accidentes de tránsito.