El proceso se sustancia en el Tribunal Oral Federal de nuestra provincia, que es presidido por el camarista Dr. Juan Carlos Reynaga, e integrado además por sus pares Gabriel Eduardo Casas y José Camilo Quiroga Uriburu.
Lucena y Rauzzino, cabe recordar, están siendo juzgados como presuntos autores de los delitos de lesa humanidad a raíz de la privación ilegítima de la libertad y la desaparición forzada de personas en tres hechos, ocurridos entre abril de 1976 y enero de 1977, de los que surgen como víctimas los catamarqueños Francisco Gregorio Ponce, su hermano Julio Genaro Burgos, Griselda del Huerto Ponce y Nelly Yolanda Borda.
En primer término una prima de Griselda Ponce, además tía de Julio Burgos, relató hoy haber presenciado el secuestro de sus dos familiares en la casa de la calle 9 de Julio al 1.200, en esta ciudad, el 15 de diciembre de 1976. En momentos quebrada por la emoción, la mujer brindó minuciosos detalles del horror soportado y, sin dudar, recoció que “fueron varias personas uniformadas” las que ingresaron al domicilio donde convivía con sus parientes y de donde se los llevaron para no saber “nunca más de ellos”.
También contó que su abuela y un tío intentaron radicar la denuncia, pero en la Policía de la Provincia, de la cual por entonces Rauzzino era su máxima autoridad, se negaron a recibírsela. Y añadió que al día siguiente del secuestro volvió personal militar al lugar de los hechos, donde quemaron una importante cantidad de libros y discos que “consideraban subversivos”. En similares términos se pronunció un vecino de la familia Ponce.
Otra declarante de hoy fue una hermana de Yolanda Borda, desaparecida el 27 de enero de 1977, del domicilio ubicado en la calle Lavalle al 100, de la ciudad de Belén, quien brindó pormenores del “intempestivo y violento secuestro”, ejecutado por hombres que actuaron con sus rostros y portaba armas largas. Describió que los captores, luego de requisar distintas habitaciones llegaron hasta donde se encontraba Yolanda, por la que reclamaban a “viva voz y, a la que una vez individualizada, así como estaba, en ropas de dormir y sin calzado, introdujeron en un vehículo que esperaba en la puerta de la vivienda”.
La joven Borda estudiaba Química en la Universidad Nacional de Tucumán, donde también realizaba actividades comunitarias en barrios carenciados.
Un dato significativo del rol que cupo en el hecho a representantes de las Fuerzas Armadas de la dictadura aportado por la hermana de Borda, fue que “al otro día de su secuestro, personal con uniforme militar seguía merodeando en su domicilio de Belén”, y que, posteriormente, su padre había recibido información de que “la habían visto en un centro de detenciones clandestinas de la provincia de Tucumán”.
Es de apuntar, que por disposición del Tribunal y por estrictas razones de seguridad se impide fotografiar a los testigos presentados por la querella, cuyos miembros los doctores Guillermo Díaz Martínez y Bernardo José Lobo Bugeau (izquierda y centro), aparecen en la foto que ilustra esta crónica.